La subida salarial de los funcionarios se puede convertir en una pieza clave para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El anuncio por parte del Gobierno de que aplaza la aprobación de las cuentas públicas prevista inicialmente para el Consejo de Ministros de hoy abre la puerta a una prórroga en la negociación con los sindicatos, que se había roto y estaba a punto de desembocar en la convocatoria de movilizaciones de los empleados públicos.

Para evitar esas protesas, los sindicatos exigen al Gobierno que mejore su última oferta, que consiste en un incremento retributivo máximo del 8% para los próximos tres años con una parte variable ligada a la evolución del PIB que profundiza en el camino abierto por algunos convenios colectivos.

Los sindicatos ya han anunciado su voluntad de ponerse en contacto con los grupos parlamentarios decisivos (Ciudadanos, PNV y PSOE) para la aprobación de los Presupuestos en el Congreso para pedirles que se sumen a la pinza al Ministerio de Hacienda para lograr que los funcionarios recuperen poder adquisitivo. De hecho, las diferencias con estos grupos en relación con las cuentas públicas se encuentran detrás del aplazamiento anunciado por el Ejecutivo.

CCOO, UGT y CSIF han considerado insuficiente el último movimiento del departamento de Cristóbal Montoro de elevar su oferta de revalorización de los sueldos públicos del 7,25% incial al 8% distribuido de forma creciente en los años 2018, 2019 y 2020. Alegan que los 2,5 millones de empleados públicos del conjunto de administraciones acumulan una pérdida de poder adquisitivo superior al 14% desde que empezaron a sufrir en sus nóminas los efectos de los recortes presupuestarios en el 2010. El primer aumento de sueldos desde ese año se produjo en el 2016 con un 1% que se ha repetido en el 2017, así como la recuperación de una paga extra que fue suprimida con en toda España.

La propuesta del Ejecutivo supone una ruptura con los esquemas clásicos de incremento salarial tanto en la Administración como en las empresas privadas. La oferta prevé una parte de subida de las nóminas fija y otra variable en función de la evolución del producto interior bruto. Las cifras acumuladas en tres años son de una mejora fija del 5,34% y otra variable de hasta el 2,66%.

El Ejecutivo alega como argumento para no dar una oferta más generosa que su propuesta de una subida global máxima del 8% equivale a un gasto adicional de 8.000 millones. La petición de mejora de los sindicatos se centra en la parte variable ofrecida por el Ejecutivo, que aceptan como esquema innovador pero que consideran insuficiente teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

POCO UTILIZADA / Hasta ahora, la referencia del PIB como alternativa a la tradicional del IPC había tenido un camino lento con un 1% de los convenios que vinculan de alguna manera la subida de los sueldos a la marcha de la economía, según un informe de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios. Entre los ejemplos se encuentran el acuerdo del Grupo Control de Seguridad y el de aseguradoras y mutuas.

La reunión celebrada ayer de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que participan Gobierno, sindicatos, autonomías y ayuntamientos, tuvo un carcácter «deliberativo» en lugar de ser el foro en el que el Ejecutivo iba a anunciar la subida salarial final. Las partes prevén reunirse la semana próxima para buscar un acercamiento de las posiciones.