Respeto a la decisión judicial aunque con cierta sorpresa y decepción. Esta ha sido la tónica dominante en las reacciones de partidos políticos y sindicatos -pese a que no todos quisieron pronunciarse- tras la sentencia del Tribunal Supremo que absuelve al exdirector general de la Caja Inmaculada (CAI) Tomás García Montes, a otro exdirectivo y a un socio inmobiliario. Esta visión es compartida por fuentes del sector financiero y la parte demandante. La mayoría lamentan que la mala gestión de la extinta entidad aragonesa se salde sin responsabilidades de ningún tipo.

Desde la Fundación Caja Inmaculada, que ejercía la acusación particular en el caso como institución heredera de la antigua caja, expresaron su disconformidad con el fallo judicial. «Evidentemente, nos ha sorprendido. Discrepamos porque consideramos que la sentencia de la Audiencia Provincial estaba sólidamente fundamentada, tras el juicio oral en el que se tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas. Es algo que el Supremo, por las propias características del recurso de casación, no ha podido realizar», valoró Juan Castiella, director de Comunicación de esta organización que ha dado continuidad de la obra social de la entidad financiera. «Independientemente del resultado final», agregó, «hemos actuado durante todo el proceso con el único objetivo de defender el patrimonio y los valores de la CAI», al tiempo que descartó nuevas acciones legales.

La controvertida gestión de la CAI motivó en el 2014 una comisión de investigación cuyas conclusiones -aprobadas por unanimidad- pusieron en cuestión la gestión de la caja. Antonio Ruspira, exdiputado del PAR, presidió ese órgano y ayer declinó hacer declaraciones a este diario. Tampoco quiso hacerlas Florencio García Madrigal, representante del PSOE en dicha comisión, que prefirió «inhibirse» en el tema. También su partido y Podemos eludieron hacer cualquier tipo de valoración al respecto.

Quien sí habló fue Luis Ángel Romero, de IU y uno de los más activos en la investigación parlamentaria, quien no comparte la sentencia «en absoluto», pero la acepta. «Es más fácil y más impune desvalijar una caja de ahorros que robar en un supermercado», afirmó, Desde el PP, Marián Oros, que también formó parte de la comisión, mostró el «máximo respeto y confianza en el fallo». Gregorio Briz (CHA) expresó su decepción con respeto: «Desde el punto de vista ético está muy claro que ha habido actuaciones indebidas». Sentencias así, lamentó, «incentivan este tipo de conductas ya que salen gratis».

Por parte del PAR, Arturo Aliaga subrayó su «respeto absoluto y escrupuloso» con la justicia, al igual que Javier Martínez, de Ciudadanos, pero este último matizó que «las acciones aunque legales no parecen éticas». «Las cajas -agregó- fueron un problema que todavía estamos pagando».

Desde los sindicatos, Victoria Camarena (UGT), expresidenta del comité de la CAI, criticó que los tribunales «desaformtuanda no hayan visto ningún delito en la ruina de la caja». «Estos señores (los absueltos), entre otros muchos, colaboraron en el hundimiento de la entidad». «Al final los que más han perdido son los trabajadores, que sufrieron los recortes, y la sociedad aragonesa», concluyó. Miguel Ángel Marinar, de CCOO, se limitó a decir que la sentencia absolutoria es «negativa».