La garnacha tinta, con 700 hectáreas, ha sido la variedad de uva más plantada en Aragón en 2016 dentro del programa de reestructuración y reconversión de viñedos, que afectaba a un total de 1.158 hectáreas.

A esta variedad le han seguido también tinta shyrah (183 ha) y las blancas macabeo (169 ha) y chardonnay (104 ha), informan fuentes del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

En este ejercicio, los viticultores aragoneses han recibido 3,7 millones de euros para la reimplantación de viñedos, la reconversión varietal y la mejora de técnicas de gestión de las viñas.

En este caso de la reimplantación se contemplan las acciones de arranque de las cepas viejas, la preparación del suelo, la desinfección, la compra de planta y la plantación, la protección de la misma frente a la acción de determinados animales salvajes, el emparrado y el sobreinjertado.

Con respecto a las mejoras técnicas de gestión, la acción ha consistido en el cambio de vaso (vid sin emparrar) a espaldera o a otros sistemas de conducción (emparrado). La densidad de plantación más frecuente ha sido de 2.600 plantas por hectárea.

En Aragón, la medida de reestructuración tiene como objetivos estratégicos adaptar la producción a mercados de vinos de calidad, mejorar la estructura de las explotaciones y la renta de los viticultores, aumentar su profesionalización y favorecer el relevo generacional y promover variedades tradicionales de especial interés enológico y agronómico.

Para el ejercicio de 2017 existe una disponibilidad presupuestaria, financiada íntegramente con fondos europeos, de 3,2 millones de euros.

Desde el año 2001 el sector vitivinícola aragonés ha recibido 88,2 millones de euros para actuar en 21.252 hectáreas. Hasta 2015, la comunidad autónoma era la segunda de España, tras Extremadura, en superficie de viñedo reestructurada o reconvertida, con un 53 % del total.

La ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos se comenzó a aplicar en la UE en 2001 en el marco de la OCM (Organización Común de Mercado) vitivinícola aprobada en 1991. Posteriormente también se recogió en la OCM del vino aprobada en 2008 y en la OCM única de 2013, dando subsidiariedad a los Estados miembros para su aplicación dentro de programas de apoyo nacionales.

España introdujo esta medida en el primer programa de apoyo al sector vitivinícola para el periodo 2009-2013 y se ha vuelto a incluir en el programa 2014-2018.