Cuáles van a ser las nuevas directrices del eje franco-alemán tras la victoria de Hollande? ¿Se sustituirá la actual política de austeridad presupuestaria por keynesianas medidas de estímulo del crecimiento económico vía gasto público? De todas formas, si no nos hacemos las preguntas adecuadas, es difícil obtener las respuestas que se necesitan. La cuestión no es si aumentar o no el gasto público. La cuestión es el destino de esas hipotéticas nuevas inversiones. ¿En más Torres del Agua? ¿En más Pabellones Puente? ¿En remodelar otro Museo Pablo Serrano? ¿En nuevas Exposiciones Universales, Internacionales, Estelares o Galácticas? Con semejantes antecedentes no extraña que los mercados duden.

¿Incrementar el gasto público? Difícil. La situación de debilidad del Estado y de los gobiernos regionales obliga a pagar intereses cada vez más altos. Lógico. Nadie se fía de lo que van a hacer nuestros políticos con los dineros. En esta tesitura, la pregunta correcta es ¿qué actuaciones debe llevar a cabo el sector público? Aquellas que el sector privado no puede realizar: la administración de Justicia, la Defensa o la seguridad. Si lo hiciera se incurriría en uno de los más típicos fallos del mercado: los free riders. Es decir, los gorrones, aquellos que tienen por hábito comer, vivir, regalarse o divertirse a costa ajena. Los evasores fiscales, por ejemplo. Se aprovechan de servicios y bienes públicos que son financiados por los que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.

El Gobierno tiene también entre sus funciones garantizar que todos los ciudadanos compitan en igualdad de condiciones en el mercado. Y para ello es necesario que la sanidad pública y la educación no dejen desamparados a quienes las necesitan. Y no solo por solidaridad. Ciudadanos sanos y formados aportarán mucho más valor a la sociedad. Se debe castigar al irresponsable que solicita cita médica y luego no va. A los que colapsan Urgencias con catarros. Se debe premiar a estudiantes que sin recursos deseen estudiar, y se esfuercen en hacerlo, por supuesto.

Desenmarañar el tupido entramado de empresas, fundaciones, organismos o entes públicos cuya única justificación es el sueldo de sus gerentes, asesores y consejeros sería un transparente ejercicio de higiene democrática. Y de justicia social.