El Gobierno de Mariano Rajoy ultimó el viernes el borrador de plan presupuestario para el 2017 que deber enviar a la Comisión Europea, en el que se recoge que el gasto social de las administraciones públicas perderá peso en el Producto Interior Bruto (PIB). En concreto, se estima que el peso del gasto en educación, sanidad y empleo caerá en medio punto del PIB, desde el 12,27% estimado para el 2016, al 11,74%. Si se añaden todas las políticas sociales de autonomías y ayuntamientos, el peso del gasto social cae casi un punto del PIB, del 29,1% al 28,2% del producto interior bruto.

El documento elaborado al alimón por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos, parece hacer posible lo imposible. El gasto social subirá en el 2017 respecto al 2016 (son 4.246 millones más, el 1,4% de incremento), pero como la subida será inferior a la que anotará el PIB nominal (el 4%), el peso de estas políticas sobre el total de la economía se aligera. Dicho de otro modo: para mantener el peso del gasto social en el 12,27% del PIB alcanzado en el 2016, las administraciones deberían gastar el año próximo otros 10.500 millones de euros más en educación, sanidad, empleo y pensiones, algo que está fuera del alcance del plan presupuestario que el Gobierno remitirá a Bruselas.

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El plan presupuestario recoge las medidas que deben hacer posible que el déficit público (diferencia entre ingresos y gastos) pase del 4,6% del PIB en el 2016 al 3,1% en el 2017. Las medidas esenciales son las ya aprobadas por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre, con un límite de gasto para el Estado en el 2017 que se mantiene congelado respecto a lo ejecutado en el 2016 y la adopción de medidas tributarias por importe de 7.000 millones de euros (a través del impuesto de sociedades, sobre todo), a los que ahora se suman otros 500 millones que es lo que Hacienda espera ingresar con nuevos impuestos medioambientales.

Otras medidas para aumentar los ingresos y, por tanto, ayudar a reducir el déficit público, se refieren a la lucha contra el fraude fiscal. El Gobierno espera recaudar otros 150 millones de euros mediante una modificación de la regulación de la publicación de las listas de morosos a la Hacienda Pública que prevé la posibilidad de no incluir en esa relación a quienes efectúen el pago, incluso tras haberles sido comunicada su próxima inclusión en dicho listado.

Además, el borrador de plan incopora el anuncio de nuevas medidas de disciplina presupuestaria para comunidades y ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda introducirá un mayor control sobre la cuenta 409/413 que es el apunte contable en el que las comunidades registran las partidas de gasto que no tienen cobertura en el presupuesto aprobado y que dan lugar a las conocidas como «facturas en el cajón». A partir del año que viene, además, Hacienda publicará el resultado individualizado del déficit de ocho ayuntamientos, los de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao y Murcia.