El consorcio automovilístico estadounidense General Motors suspendió ayer sus operaciones en Venezuela después de que la factoría que mantiene en el país fuera confiscada por parte de las autoridades, según informó la empresa. «La planta de GMV (General Motors Venezolana) fue inesperadamente confiscada por parte de las autoridades públicas, impidiendo las operaciones normales», aseguró la compañía automovilística ayer en un comunicado.
Asimismo, señaló que el Gobierno del país también ha entrado en otros centros de la corporación y se ha incautado de otros activos de la firma, entre los que se encuentran vehículos, que han sido «retirados ilegalmente de sus instalaciones».
GM añadió que la confiscación ha provocado un «daño irreparable a la compañía, a sus 2.678 empleados, sus 79 concesionarios (la red de servicio mayor del país con más de 3.900 trabajadores) y sus proveedores». El fabricante estadounidense se comprometió a pagar a sus empleados prestaciones por la terminación de la relación laboral «hasta donde lo permitan las autoridades».
Del mismo modo, GMV expresó su rechazo «de forma contundente» a «las medidas arbitrarias tomadas por las autoridades y emprenderá vigorosas acciones legales, dentro y fuera de Venezuela, para defender sus derechos», añadió.
La compañía automovilística estadounidense confirmó que, a pesar de esta decisión, continuará ofreciendo servicio de posventa y de piezas de recambio a sus clientes a través de sus representantes en el mercado venezolano.
General Motors inició en el 1948 su actividad en el país con una factoría a las afueras de Caracas en la que fabricó un modelo pick-up de Chevrolet, lo que convirtió a la empresa en «pionera» en el sector del automóvil en Venezuela.
La planta de montaje, situada en la ciudad de Valencia, no ha producido vehículos desde el 2015 debido a las dificultades de importar componentes para su funcionamiento.
