El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley que sienta las bases para la liberalización de las empresas que gestionan la estiba en los puertos españoles así como la libre contratación de los trabajadores.
El Gobierno justificó la decisión en la urgencia por adaptarse a una directiva comunitaria de la que fue apercibida España en una sentencia de diciembre del 2014. En caso de incumplimiento, Bruselas impondría a España una multa de 134.000 euros diarios, según reiteró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El decreto, subrayó, recoge la máxima «flexibilización» que permite la Comisión Europea respecto a las reivindicaciones de los trabajadores.
El decreto ley establece un plazo de tres años para que las empresas que actúan en las tareas de carga y descarga de los puertos, la sociedades de gestión de estibadores portuarios, desaparezcan y se transformen en ETT’s bajo la denominación de Centros Portuarios de Empleo, que no tengan que participar obligatoriamente en el capital de las sociedades, como ahora ocurre.
En ese periodo se producirá la contratación de trabajadores, a razón del 75% en el primer año, el 50% en el segundo y el 25% en el tercero. La autoridad portuaria se hará cargo de los derechos laborales acumulados por los estibadores. Para su contratación será suficiente con que los trabajadores acrediten 100 jornadas de trabajo en los puertos.
EN DESACUERDO CON EL SECTOR
De las actuales sociedades de gestión, en situación de monopolio, dependen los 6.150 estibadores que actualmente trabajan en los puertos, y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los puertos.
La aprobación del real decreto ley se ha producido en desacuerdo con el sector, que aún seguirá negociando la semana que viene bajo la tutela del mediador designado por el Ministerio de Empleo, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social. Ante el desacuerdo los trabajadores mantienen la huelga intermitente que se desarrollará a partir del próximo 6 de marzo. Este paro «es un modo de presión que no favorece el clima de entendimiento», subrayó De la Serna.
