La negociación colectiva, las pensiones y la emisión de deuda pública son las únicas excepciones en las que se permiten todavía tomar el índice de precios de consumo (IPC) como referencia para su revisión, aunque en el caso de las pensiones está limitada tras la última reforma. Quedan excluidas de la ley de Desindexación de la economía, cuyo reglamento fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, y que busca desvincular los precios de bienes y servicios públicos de la evolución de la inflación.
Cuando los precios comienzan a repuntar tras años prácticamente planos, el Gobierno apuesta por excluirlos como referencia de la economía. Según el Ministerio de Economía, esta exigencia evitará que la Administración o los usuarios de servicios públicos tengan que hacer asumir un sobrecoste de los servicios por unas prácticas empresariales poco rigurosas.
Pese a que la ley fue aprobada hace casi dos años, en marzo del 2015, aún no se había aplicado en espera de este reglamento, aprobado por decreto y que estará vigente, probablemente, a partir del lunes, tras su publicación en el BOE. No tendrá carácter retroactivo, por lo que no tendrá efecto sobre los contratos públicos en vigor.
La ley de Desindexación desvincula la evolución de los precios públicos y de las contrataciones de cualquier indicador, de los que el más usado es el IPC. Pero el reglamento establece algunas excepciones y permite que algunos precios evolucionen según el coste de las materias primas. Este sería el caso de los billetes de los transportes públicos (ferrocarril y urbanos de competencia municipal o autonómica) cuyas empresas podrán decidir si repercuten o no los costes de los combustibles en el consumidor.
En la misma situación se encuentran los peajes de autopistas, los precios de medicamentos y los regulados del gas o la electricidad. El reglamento regula también la revisión periódica en función de índices específicos de precios para los regulados como por ejemplo bombona de butano. UGT considera la medida como una injerencia en la negociación colectiva al entender que las empresas aplicarán las restricciones de costes que se les impone para no aumentar los salarios.
