La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha anunciado este martes en su primera comparecencia en el Senado que el Gobierno presentará en breve unos presupuestos "austeros, ajustados y realistas" que van a "transformar radicalmente la forma de gestionar los recursos públicos". La también portavoz del Ejecutivo ha reiterado que el Estado se aplicará el principio de máxima austeridad "en primera persona" pero también extenderá la receta al conjunto del sector público.

Sáenz de Santamaría ha detallado que las más de 2.300 empresas públicas y fundaciones acumulan una deuda pública de 60.000 millones de euros, el triple que hace tres años, por eso ha indicado que el Gobierno acometerá en breve un plan para reducir el número de entidades públicas. Asimismo la vicepresidenta ha manifestado que analizarán los costes de las administraciones "una a una", porque es posible ahorrar "muchos recursos" acometiendo por ejemplo la compra de suministros de forma conjunta.

Sáenz de Santamaría ha revelado, además, que la Administración general del Estado dispone de 55.000 edificios públicos. Aun así, gasta 100 millones en alquileres, mientras existe un "inaceptable patrimonio sin utilizar". Por eso el Gobierno aprobará un "plan integral de gestión del patrimonio" que conlleve un uso más racional del mismo.

Veto sobre el techo de gasto

Por otra parte, la vicepresidenta ha explicado que antes de un mes el Gobierno aprobará la ley de transparencia y buen gobierno, que incluirá la apertura de un portal electrónico donde se vuelce información que hasta ahora no se ha facilitado a los ciudadanos, así como la imposición de "sanciones" para todos aquellos gestores que incumplan los objetivos de déficit y oculten facturas en el cajón.

Por último, Sáenz de Santamaría se ha mostrado dispuesta a que las Cortes acuerden un mecanismo legal para que el Gobierno no pueda "abusar" de su derecho de veto a debatir determinados temas que proponan los grupos parlamentarios. Asimismo, ha confirmado, como ya anunció hace unas semanas, que el Senado tendrá derecho de veto sobre el techo de gasto.