El Ministerio de Hacienda ha aplazado al próximo martes su propuesta de subida salarial para los empleados públicos que deberá presentar a las organizaciones sindicales CCOO, CSIF y UGT y que supondrá vincular parte del incremento a la evolución de la economía y las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Este es el punto clave para que el Gobierno y las centrales logren un acuerdo para los tres próximos años. Si la oferta de Hacienda no supone una clara recuperación del poder adquisitivo perdido desde el 2010, los representantes de los trabajadores públicos amenazan con movilizaciones y paros desde octubre.

La reunión de casi tres horas entre Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública, Miguel Borra (CSIF), Antonio González (CCOO) y Frederic Monell (UGT) ha servido para concretar algunos aspectos en los que el acuerdo es más fácil. Para las centrales supone un avance respecto de la práctica de años pasados, cuando horas antes de aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se les comunicaba la subida de los salarios públicos que se establece en esa ley. Este año habrá habido al menos tres reuniones, más la convocatoria para el jueves próximo de la Mesa General de las Administraciones en la que están también ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero el diálogo abierto puede no conducir al pacto.

Raya roja

Los sindicatos aceptan que el salario de los funcionarios tenga una parte fija y otra variable, y que ésta sea acorde con el crecimiento económico. Su raya roja es que de la suma de estos dos conceptos resulte un incremento que compense el poder adquisitivo perdido, que calculan entre el 13% y el 20% en los últimos siete años.

Hacienda ha explicado a los representantes sindicales que aún le queda por ajustar cómo será la evolución del PIB en los años próximos, sobre todo en el 2018, ya que da por descontado que para los años siguientes será mayor, según fuentes sindicales. Las centrales están dispuestas a modular la subida anual y dejar para los dos últimos ejercicios un mayor incremento salarial que suponga recuperar todo el poder de compra, pero dejan claro que ninguna de las previsiones de crecimiento sitúa el PIB por debajo del 2,5%.

En vista de que la principal reivindicación de los empleados públicos aún está por concretar, los representantes sindicales coincidieron en su percepción: Prudentes pero no optimistas; el escenario que maneja el Gobierno aún está lejos de sus peticiones.

Si finalmente no hay acuerdo, ninguna de las tres centrales ha descartado la movilización. El esfuerzo de los empleados públicos con la crisis debe tener su compensación en el crecimiento, es su idea fija.

Empleo y jornada

Puede haber acuerdos parciales. Se va a formar un grupo de trabajo que de soluciones a los sectores que quedaron fuera de la oferta de empleo y regularización de los interinos que se acordó en la pasada primavera.

Los sindicatos han pedido también a Hacienda que la jornada laboral vuelva a ser de 35 horas, pero que este tema deje de ser un elemento básico que obligue a todas las administraciones y que se pacte en cada autonomía y ayuntamiento en función de las necesidades y recursos.