Ni un céntimo de gasto nuevo. El Gobierno español de Mariano Rajoy, en funciones desde hace más de 200 días, dejó ayer de aumentar los gastos al cerrar las cuentas del ejercicio, tal como establece una orden que publicó el sábado en el Boletín Oficial del Estado, firmada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero compatibiliza este gesto dirigido a Bruselas con el de disponer de 1.000 millones de euros más de la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, para liquidar el impuesto de la renta (IRPF) de estas prestaciones.
No es la primera vez que el Ejecutivo central recurre a este instrumento diseñado para preservar las prestaciones para hacer un desembolso excepcional, como hizo con la extra de verano de los pensionistas, sacando 8.700 millones. El valor del fondo baja así hasta 24.207 millones.
En todo caso, ello se produce en un momento de plena presión de Bruselas al Gobierno en funciones por incumplir el objetivo de déficit del año pasado y cuando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vaticina que es «improbable» que se pueda cumplir la meta de números rojos para este 2016, precisamente por la mala evolución de la Seguridad Social.
En este contexto, el Ejecutivo español prevé ahorrar unos 1.000 millones hasta final de año. Incide esencialmente en una de las partes más discrecionales y de menor peso del Presupuesto, que son los gastos corrientes, ya que el resto suelen estar comprometidos, como es el caso de las prestaciones; o son finalistas.
Con esta iniciativa, que habitualmente se lleva a cabo hacia noviembre, el Ejecutivo central persigue dar señales a la Comisión Europea de su compromiso contra el déficit. También busca evitar una sanción por incumplimiento del mismo, que podría alcanzar los 2.100 millones.
En 2015 el desfase de caja fue del 5,1% del producto interior bruto (PIB) en vez del 4,2% al que se había comprometido. De hecho, el Ejecutivo español no ha cumplido con el compromiso de déficit en ninguno de los últimos ocho años.
El profesor de Economía de Esade, Pedro Aznar, asegura que «más allá de los efectos que tenga esta medida para el ciudadano de a pie, el Gobierno quiere lanzar un mensaje a Bruselas de que, a pesar de estar en funciones, quiere cumplir los objetivos y apuesta por la estabilidad presupuestaria».
De hecho, en este apartado se incluyen gastos imprevistos de poca envergadura como, por ejemplo, pintar unos despachos o unas escuelas, explica Aznar.
OTRAS MEDIDAS
Además de esta medida, el Gobierno ha planteado a la Comisión Europea otras iniciativas para controlar el desfase de las cuentas, que incluyen desde la recuperación de un tipo mínimo de pago anticipado del impuesto de sociedades a las grandes empresas (6.000 millones) al incremento de la lucha contra el fraude fiscal (1.000 millones).
El gravamen en el impuesto de sociedades será del 20% sobre el resultado contable. Eso significa que las compañías deberán anticipar el pago del tributo aunque el resultado de la declaración no sea ingresar y al año siguiente reciban una devolución. Pero con ello, el Gobierno gana tiempo y aumenta la recaudación durante el ejercicio. El problema es que la medida tiene que sostenerse en el tiempo, si no no hará más que trasladar el problema al 2017.
