El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, anunció ayer que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, retomará los «contactos» con los grupos parlamentarios para conocer «qué es lo que juzgan que hay que cambiar» del decreto de liberalización de la estiba rechazado el jueves por el Parlamento «para cambiar el sentido de su voto». Paralelamente, explicó, el Ejecutivo seguirá participando en la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos para lograr un pacto a partir de la «generosa» propuesta presentada por el ministro, que incluía un plan de prejubilaciones a partir de 50 años con el 70% del sueldo.
El objetivo del Gobierno es «cumplir con la UE y evitar que los españoles tengan que pagar de su bolsillo una multa» de la Comisión Europea a España. Bruselas exige al país cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 2014 que impone la liberalización y Méndez de Vigo aseguró que, aunque hay tiempo para negociar, una segunda sentencia «puede caer en cualquier momento». También alertó de que «no hay mucho margen para modificar el contenido de la reforma» e hizo un «llamamiento a la reflexión» a la oposición.
La portavoz de Transportes de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, advirtió que «es esencial que España reforme el sistema laboral de los puertos, que no está en línea con la legislación europea». Bruselas pidió en julio al TJUE que sancione al país con una multa que, de confirmarse, ascendería ya a más de 22 millones.
Según el esquema temporal que explicó el ministro portavoz existe tiempo para trabajar en un nuevo acuerdo en tanto se produce una segunda sentencia del TJUE condenatoria «que puede caer en cualquier momento», dijo.
Méndez de Vigo advirtió de que «no hay mucho margen para modificar el contenido de la reforma» e hizo un «llamamiento a la reflexión» a las distintas formaciones políticas que este jueves tumbaron con su voto el decreto ley con el que se pretendía reformar la estiba. «Es preciso que se pregunten si favorecen los intereses generales o si priman intereses particulares; si benefician a la imagen de España, si ayudan a liberalizar la economía para que sea más competitiva y próspera, y si son leales con los electores que en las últimas elecciones nos dieron el mandato de buscar acuerdos», preguntó el ministro a los grupos que votaron no.
EXIGENCIA DE LA UE
«No es una buena señal que un parlamento rechace un decreto ley que, de alguna forma, cumple la normativa que nos exige la Unión Europea», afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, que acompañó a Méndez de Vigo en una primera parte de la rueda de prensa.
Itkonen recordó que no existe una fecha límite «específica», pero indicó que se trata de un procedimiento de infracción «en marcha» y que el recurso del Ejecutivo comunitario propone multas concretas hasta que España apruebe la reforma. La portavoz se refiere a las dos multas propuestas por Bruselas, sobre las que aún tiene que fallar la justicia europea. La primera de ellas impone una sanción diaria de 27.522 euros desde el día en el que el TUE declaró ilegal es sistema de trabajo portuario español, el 11 de diciembre del 2014. El montante acumulado hasta hoy por esta multa es de 22,8 millones. La segunda sanción supondrá, si es confirmada por el tribunal, una cuantía diaria de 134.107,2 euros desde el momento en que la justicia europea falle su segunda sentencia. En cualquier caso, se trata únicamente de propuestas de la Comisión Europea, que el futuro fallo del TUE puede modificar o confirmar. Además, la justicia europea todavía puede tardar unos meses en pronunciarse sobre el caso. Según sus datos, la duración media de los procedimientos es de 14,7 meses.
