El carbón volvió a convertirse ayer en arma arrojadiza en el debate de las Cortes de Aragón, esta vez a cuenta de la incertidumbre que el Ejecutivo central ha sembrado sobre las ayudas para la reconversión de las zonas mineras. Todos los grupos de la cámara comparten en la comunidad su defensa a ultranza del conocido como plan Miner y, de hecho, aprobaron por unanimidad una proposición no de ley del PSOE para exigir al Estado el mantenimiento de esta iniciativa. En lo que difieren es en la responsabilidad del bloqueo que sufren estos fondos. Mientras el Gobierno PP-PAR cree que la paralización comenzó el pasado año con Zapatero en la Moncloa, los socialistas culpan al gabinete de Rajoy y ven "poco interés" por Teruel en la DGA.
El consejero de Industria, Arturo Aliaga, compareció en el hemiciclo por este asunto a propuesta del grupo socialista, pero no aportó novedades sobre el tijeretazo definitivo que aplicará el Ministerio de Industria. Eso sí, aseguró que "peleará" para que sigan las ayudas. "Hay margen para negociar", subrayó. Más convencido se mostró con el Fondo Especial para Teruel, que garantizó que continuará vigente este año.
El portavoz socialista, Javier Sada, advirtió de que esta provincia "se la juega" con estas ayudas, mientras que la diputada popular Yolanda Vallés afirmó que el recorte del plan Miner no afectará a las partidas relacionadas con el empleo y los proyectos empresariales. Mientras, Nieves Ibeas (CHA) y Luis Ángel Romero (IU) exigieron más contundencia al Gobierno de Aragón para que se mantengan estos fondos.
Por otra parte, el diputado de CHA en el Congreso, Chesús Yuste, intervendrá hoy en la sesión plenaria para reclamar que no se recorten las ayudas mineras.
