El plan Prepara será prorrogado hasta el próximo 31 de marzo una vez que las comunidades autónomas den el visto bueno al borrador del decreto ley que Fátima Báñez, ministra de Empleo, les remitió ayer mismo, al mismo tiempo que comparecía ante la comisión de Empleo del Congreso para hablar del tema. Al pedir que se le encomiende la gestión del plan «de manera extraordinaria y limitada en el tiempo», el Gobierno elude cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que recuerda que las autonomías tienen la competencia en materia de empleo.

En las próximas semanas se reunirá la comisión sectorial de empleo, que forman el Ejecutivo y los consejeros de Empleo autonómicos para formalizar este acuerdo que deberá tener unanimidad, algo que dan por seguro en el ministerio de Báñez. El próximo 4 de septiembre se reunirá la comisión del diálogo social, que cuenta con representantes de los sindicatos y las organizaciones empresariales, para tratar del plan de choque por el empleo que abordará la reordenación de las ayudas a los desempleados de larga duración que pueden acogerse al plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI).

El Consejo de Ministros aprobará el decreto de prórroga «en cuanto sea posible», en expresión de Báñez, que solo utilizó una cuarta parte de los 40 minutos de su intervención para hablar del tema. En todo caso, si el Gobierno pretende que la nueva fase del Prepara esté vigente hasta el último día de marzo, como indicaron fuentes del Ministerio de Empleo a este diario, el decreto debe estar aprobado por el Gabinete y publicado en el BOE antes del 30 de septiembre.

Según Empleo, 952.456 personas se han beneficiado del plan desde que se puso en marcha en el 2011, bajo mandato del PSOE, con el nombre de Prodi. Cuando se renueve tendrá efectos retroactivos desde el 16 de agosto.

Los grupos de la oposición reprocharon a Báñez que no haya prorrogado el plan «por razones humanitarias» ante el aumento de desempleados que se están quedando sin ningún tipo de prestación, subsidio o ayuda. En julio, la mitad (55,62%) de los 3,3 millones de parados registrados en el servicio de empleo cobraba prestaciones. El resto de las ayudas y subsidios solo se perciben seis meses sin que el beneficiario pueda solicitarlos de nuevo.