El ministro de Economía del Gobierno español, Luis de Guindos, se comprometió ayer en Bruselas, a la salida de la reunión del Ecofin, a rebajar el porcentaje del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que pagan los libros y periódicos digitales del 21% actual al 4% que pagan los medios impresos. Guindos aceptó sin matices la propuesta de la Comisión sobre el IVA del comercio electrónico, aunque no se comprometió a dar ninguna fecha para adoptar esta decisión.

En todo caso, el ministro añadió que el cambio de tributación en estas actividades concretas del comercio digital no se aplicaría de forma gradual, sino de una sola vez. Y consideró que se trata «sobre todo de equiparar el tratamiento fiscal de las publicaciones electrónicas y de las publicaciones de papel que estaba diferenciado». Para el ministro, este cambio es lógico porque no hay ninguna razón para que haya un gravamen diferenciado.

No obstante, estas manifestaciones contrastan con la práctica actual del Gobierno respecto a este impuesto ya que nunca se había manifestado tan claramente a favor de cambiarlo hasta que la Comisión Europea hizo su propuesta la semana pasada. Los editores de diarios españoles (AEDE) celebraron la decisión de Bruselas y recalcaron que abría la puerta a que España «pueda aplicar tarifas reducidas para las publicaciones digitales», aunque no se tratase de una propuesta vinculante. Los editores destacaron, el pasado 1 de diciembre, que «a partir de esta decisión, el IVA súper reducido para los periódicos electrónicos será muy pronto una realidad». De momento ya tienen el compromiso público del ministro de Economía, aunque sea sin fecha concreta.

El el mismo encuentro con los medios de comunicación, el ministro reiteró que enviarán esta semana el borrador de Presupuestos Generales del Estado del 2017 a Bruselas con las subidas de impuestos anunciadas y otros elementos como la auditoría para ahorrar en duplicidades y otras «consideraciones administrativas y de gasto».

Con todo, uno de los temas más destacados del Ecofin fue el denominado plan Juncker, que es el plan estrella de la Unión Europea para estimular el crecimiento y el empleo. Los ministros de economía y finanzas de la UE dieron ayer luz verde a la extensión del fondo hasta el 2020 y a un incremento de su capacidad financiera para alcanzar al menos los 500.000 millones. España, según el ministro Luis de Guindos, es el segundo país europeo que más se ha beneficiado con un volumen de financiación de 2.600 millones con el que han movilizado inversiones por más de 21.000 millones.

LA CONTRIBUCIÓN DEL BEI / Según Bruselas las condiciones de inversión han mejorado con el fondo pero los esfuerzos deben continuar. El acuerdo, que ahora deberá ser negociado con la Eurocámara, también incluye un aumento de las garantías aportadas a través del presupuesto de la UE -de 16.000 a 26.000 millones-, un aumento de 7.500 millones en la contribución del BEI así como la ampliación de los sectores que podrán acudir al fondo. En el futuro, además, también podrán optar a esta capacidad inversora -además del transporte, infraestructuras, sanidad o educación- proyectos agrícolas, pesca, acuacultura y la bioeconomía.