El ministro de Economía, Luis de Guindos, descartó ayer que la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la legislación hipotecaria española publicada el jueves vaya a desencadenar una avalancha de reclamaciones, tal y como augura la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Con todo, avanzó que la nueva reforma de la ley que prepara el gobierno incluirá medidas para garantizar una mayor información para el consumidor y terminar con los problemas generados por las cláusulas opacas. «No temo una avalancha de reclamaciones pero es muy importante que actuemos rápido con la nueva ley hipotecaria», indicó.

Guindos admitió que la sentencia de esta semana es relevante en tres aspectos aunque no traerá las consecuencias de la sentencia sobre las cláusulas suelo. Dos ya habían sido modificados a raíz de varapalos judiciales anteriores y la intención ahora es incluir nuevas garantías en la ley para dar más claridad y transparencia a los consumidores. «Lo que vamos a hacer es que en el caso de que existan esas cláusulas, el consumidor tendrá toda la información con la suficiente antelación antes de ir al notario a firmar. Que quede clarísimo y que el notario chequee que entiende formalmente y de fondo el contenido de esas cláusulas en el supuesto de que existan», explicó el ministro.

Según fuentes del gobierno, la idea es que los consumidores dispongan antes de la firma de dos fichas, una con los datos de la hipoteca y otra con las cláusulas problemáticas, como las cláusulas suelo, las de amortización anticipada o gastos. El Ejecutivo utilizará la transposición de la directiva comunitaria sobre hipotecas para incluir estas nuevas garantías. La normativa tenía que haber sido adoptada a más tardar el 21 de marzo del 2016 pero el hecho de que el gobierno estuviera en funciones durante todo el año pasado impidió hacerlo.

Es más, España se enfrenta junto a otros ocho países de la UE a un procedimiento de infracción por no cumplir con la normativa, aprobada en el 2014, y que obliga a los gobiernos a dar información más clara y comprensible por medio de una ficha europea de información normalizada para que los consumidores comprendan mejor los riesgos de los contratos hipotecarios. Bruselas dio a mediados de noviembre dos meses al gobierno para responder. Guindos insistió ayer en que su intención es acelerar la transposición y aprobar la ley lo antes posible.

A CORTO PLAZO

«Vamos a intentar acelerarla lo máximo posible. Ya he empezado a hablar con los grupos de la oposición porque el gobierno tiene 137 diputados y va a necesitar apoyos como ya ocurrió con el decreto ley», explicó desde Bruselas avanzando que la próxima semana presentará ante la comisión de economía del Congreso las legislaciones que el gobierno considera vitales como la hipotecaria. «Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo sobre la ley», dijo.