El ministro de Economía, Luis de Guindos, presentó ayer la intervención exprés del Popular y su venta en una noche al Santander por un euro como un éxito de las autoridades españolas y europeas que ha permitido salvar los 30.725 millones de euros en depósitos de más de un millón de hogares. «La alternativa de acudir a un concurso de acreedores ordinario en lugar de resolver el banco habría supuestos enormes retrasos e incertidumbres sobre la recuperación de sus ahorros», defendió.

Ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el ministro admitió que es «doloroso» que 305.000 accionistas y cientos de miles de propietarios de deuda convertible y subordinada de la entidad hayan perdido todo su dinero, entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Pero ha marcado diferencias: «En finanzas hay un principio fundamental, las inversiones más rentables son las que tienen más riesgo. No es lo mismo un depositante que un accionista». Además, resaltó que la decisión no es española, sino fruto de aplicar «de forma estricta» la normativa europea, que ha permitido que no hayan hecho falta ayudas públicas. «En ocasiones hay que elegir la alternativa que supone menos complicaciones», remachó.

Frente a las críticas de la oposición, Guindos rechazó toda responsabilidad («El Ministerio no tiene inspectores. Lo que dije fue que los supervisores me decían que no tenía problemas de solvencia y liquidez»), y en esta ocasión eximió también al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«Ha habido algo que ha fallado. A lo mejor tenemos que mirar a la propia entidad», lanzó antes de insinuar que apoyaría que el Santander bloquease las indemnizaciones de la excúpula de la entidad: «La remuneración de los gestores tiene que ir unida y en paralelo a la gestión de valor para los accionistas».

AUDITOR EN CUESTIÓN / El ministro también reveló que el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, dependiente de su departamento, ha pedido a PricewaterhoseCoopers (PwC), el auditor del Popular, que le explique por qué avaló las cuentas del 2016, que tuvieron que ser corregidas semanas después. Lo mismo sucedió con Bankia y su salida a bolsa, investigada por la Audiencia, pero Guindos quiso de nuevo marcar diferencias.

El folleto de la ampliación de capital de 2.500 millones que realizó la entidad el año pasado, argumentó, contenía numerosas advertencias: «Los juzgados determinarán si fue suficiente o no, pero creo que no es equiparable a situaciones pasadas».

Precisamente, la asociación de consumidores OCU presentó ayer en la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente del Popular Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, PwC y su socio Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor. Y no es sino una más de las demandas que se están presentando, aunque otras también van dirigidas contra el expresidente Emilio Saracho, el Santander y las autoridades.

Guindos sostuvo que el Popular era un «banco zombie». A la fuga de depósitos, reveló, contribuyeron algunas comunidades y ayuntamientos, pero no la Seguridad Social. Por ello, sostuvo, de no haber mediado la intervención y su venta al Santander (el único banco de los cinco a los que se ofreció que presentó oferta, según dijo) se hubiera producido la situación «absolutamente caótica» de que no hubiera podido abrir y los clientes no habrían podido acceder a su dinero.