El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Hacienda Rodrigo Rato se ha quedado sin una de sus principales líneas de defensa: que la Agencia Tributaria no había hecho un informe definitivo del fraude por el que se le investiga en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) se lo entregó el pasado 23 de enero al juez Antonio Serrano-Arnal y sus conclusiones, lejos de diferir de las alcanzadas en los provisionales, se han visto finalmente corroboradas. Básicamente declara que el exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) defraudó a Hacienda un total de 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015, y que las rentas no declaradas en el IRPF superaron los 14 millones de euros.

En declaraciones a Europa Press, Rato aseguró que «en todo momento ha actuado conforme a las leyes tributarias» y anunció que contestará «puntualmente» a la acusación definitiva de la ONIF. Según su relato, la denuncia inicial de la Agencia Tributaria se basa en datos «falsos y erróneos».

Tras casi dos años de investigaciones desde ese 16 de abril en el que las imágenes de su detención, mientras se registraba su domicilio y su despacho, se veían en todas las televisiones, Antifraude concluye que las cuotas presuntamente defraudadas por el expresidente de Bankia alcanzan un «importe total cercano a los 6,8 millones» en 11 años. En todos esos ejercicios, salvo el del 2005, superó los 120.000 euros necesarios para que haya delito fiscal. Entre el 2009 y el 2015, los únicos años no prescritos, «las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones de euros».

La ONIF afirma que el sistema utilizado para el fraude consistió en «ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero en el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas; rendimientos de actividades económicas como conferenciante», que no declaraba en el IRPF, sino a través de sus sociedades, y «gastos de la actividad empresarial que no son deducibles».

PARAÍSOS FISCALES / Para ello, el exdirector del FMI dispuso de varias sociedades en el extranjero como las panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway Limited y la española ubicada en Sotogrande, en San Roque (Cádiz), Kradonara. A través de ellas ocultó rentas por importe ligeramente superior a los siete millones «que han escapado al control fiscal» y de los que se ha beneficiado. Entre los países de «riesgo» en los que operaba figuran «Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Reino Unido y Gibraltar».

También utilizó Inversiones Carabaña, sociedad en la que dispone de un inmueble para alquilar y de un chalé ubicado en dicha localidad madrileña, para cobrar por ejemplo de la sociedad Guide Bridge Capital, en la que empezó a trabajar a los nueve meses de dimitir como presidente de Cajamadrid.

Los delitos por los que se investiga a Rodrigo Rato en esta causa --totalmente independiente del caso Bankia y del de las tarjetas black, por el que acaba de ser juzgado-- recientemente son cinco delitos fiscales, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales y administración desleal. El informe de la ONIF vuelve a atribuirle insolvencia punible.