El Departamento de Hacienda estudia cómo reducir el periodo medio de pago a las entidades sociales, trasladando así los sistemas que aplican para acortar el periodo medio de pago a proveedores en el caso de las deudas comerciales y que han permitido situarlo en 17 días el pasado mes de diciembre.
Así lo ha explicado hoy el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a los representantes de CERMI, organización que aglutina las entidades que representan a las personas con discapacidad, con los que se ha reunido esta mañana, según ha informado el Gobierno de Aragón.
En el transcurso del encuentro, al que han asistido la presidenta de CERMI, Marta Valencia, y el vicepresidente, Santiago Villanueva, han abordado también su reivindicación de reserva de plazas en las convocatorias públicas para el colectivo al que representan.
También se han referido a la aplicación de la Ley de Concertación, en la que se reservan posibilidades de contratos para las entidades que representan, y que aún no ha tenido consecuencias prácticas.
El consejero ha considerado que en el momento en que ya empiecen a contratarse con la nueva ley, esa parte del problema empezará a resolverse y se ha mostrado convencido de que las entidades sociales deben tener una prima en los contratos que hagan las administraciones públicas.
Por otra parte, y tras conocer que el Tribunal Constitucional ha resuelto que las convocatorias para la distribución de los recursos fruto de la reserva que se hace en el IRPF para temas sociales es competencia de las comunidades autónomas, CERMI ha manifestado su preferencia por que esa competencia siga estando adscrita al Gobierno central.
En ese sentido, el consejero ha indicado que, de ser así, y tras analizar la parte que corresponde a la Comunidad, mantendrán las oportunas reuniones para ver de qué manera se distribuyen dichos fondos.
Además, los representantes de CERMI han trasladado a Gimeno su preocupación por la prórroga presupuestaria y la posibilidad de que no sea posible contar con un documento económico para 2017.
En ese aspecto, Gimeno ha reconocido que este hecho supondría disponer de menos recursos para las entidades sociales, puesto que el borrador sobre el que trabaja el Gobierno de Aragón para este año contempla un incremento en las partidas que sustentan el desarrollo de las políticas sociales.
