El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, se mostró ayer contrario a publicar la lista de las 715 personas que en su día se acogieron a la amnistía fiscal y cuyos expedientes han sido enviados al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) por haberse hallado indicios sobre un posible lavado de dinero. "Hay que ser serios" y "no entrar en el morbo" de dar los nombres de quienes se acogieron a la amnistía fiscal, dijo Menéndez tras comparecer en la Comisión de Hacienda, donde todos los diputados de la oposición le pidieron la publicación de esta lista después de que haya salido a la luz el nombre del exvicepresidente Rodrigo Rato.
"Dentro de poco hay elecciones autonómicas, locales y generales. Si hay candidatos que son defraudadores o incluso que han blanqueado capitales, ¿los ciudadanos van a tener esa información o para usted el secreto fiscal está por encima de esas consideraciones?", le dijo el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo.
El portavoz socialista, Pedro Saura, defendió que "hay instrumentos" para conocer la lista total de los cerca de 30.000 contribuyentes que se beneficiaron de la amnistía, "ya sea modificando la ley general tributaria, ya sea aceptando una comisión de investigación".
POSIBILIDADES DE CESIÓN
En efecto, la ley general tributaria regula en su artículo 95 el "carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria" y fija 12 supuestos en los que esta información puede ser cedida. La mayor parte hace referencia a procedimientos judiciales, pero también se regula la posibilidad de ceder datos que tengan por objeto "la colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación". Según expertos consultados, los miembros de esa comisión quedarían obligados por el mismo deber de sigilo y confidencialidad al que están sujetos los funcionarios de la Agencia Tributaria. De momento, no existen precedentes sobre la cesión de datos tributarios a una comisión de investigación.
En cualquier caso, en el debate que se produjo por la tarde en el pleno del Congreso, a raíz de la petición del PSOE de que se conozcan los nombres de los amnistiados, el PP volvió a usar su mayoría absoluta para impedir la publicación de los cargos públicos que se acogieron a la polémica regularización, algo que pidió toda la oposición.
"La publicación es imparable", señaló el socialista Saura tras proponer un cambio en la reforma de la ley tributaria, aprobada el viernes por el Gobierno y en trámite parlamentario, para permitir que se difundan los nombres de los amnistiados. La tesis del PSOE es que si el PP pierde la mayoría absoluta en las generales de este año, como anticipan las encuestas, no habrá forma de detener una revelación de datos tributarios que reclama el resto de grupos.
LA AMPLIACIÓN
Durante su comparecencia, Menéndez dijo que la lista inicial de 705 contribuyentes acogidos a la aministía fiscal cuyos expedientes han sido remitidos al Sepblac se eleva ya a 715. Sin embargo, no quiso confirmar si, como publicó este diario citando fuentes oficiales, todas las personas incluidas en ese subconjunto de 715 contribuyentes (sobre un total de 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012) están o han estado relacionados con el sector público, en calidad de altos cargos, exaltos cargos o funcionarios (personas expuestas políticamente, PEP, en la jerga financiera). Tampoco lo desmintió.
En este grupo se ubica la investigación sobre Rato, que, según él mismo ha reconocido, se acogió a la aministía fiscal y está siendo investigado por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, entre otros. Menéndez evitó nombrar al exvicepresidente, aunque la mayor parte del debate giró en torno a la denuncia contra él presentada por la Agencia Tributaria. El director de la Agencia se escudó en su deber de sigilo para no hablar de la lista de los acogidos a la amnistía. "Yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera; la repera patatera. Y también dispongo de la obligación de cumplir el artículo 95 de la ley tributaria", dijo.
