Unai Sordo (Baracaldo, 1972), nuevo secretario general de CCOO, tiene la agenda repleta para un mandato de cuatro años y prepara su reunión de mañana con Mariano Rajoy.

-¿Ser elegido con un 88% de votos pero con una ejecutiva con el 61% es un problema?

-Creo que es una muestra de que una parte del congreso no ha entendido alguna polémica interna. Lo que toca es aclarar las cosas y que la gente sea consciente de que más allá del resultado, este es un proyecto colectivo, es una ejecutiva muy solvente y hay que ponerse manos a la obra.

-¿Cómo ve el caso de Francisco Carbonero?

-Está dentro de una investigación, no se le acusa de nada y aún no ha declarado. Es un hombre que no ha tenido ninguna actuación sobre los ERE de Andalucía y cabe esperar que eso se sustancie en la actuación judicial.

-¿Qué significa este sindicalismo de proximidad que promete?

-Significa que el sindicato tiene que construir su capacidad de negociar con los gobiernos y con las patronales fortaleciendo la base, y eso solo se hace con una presencia continua en los centros de trabajo, que son muy diversos. La construcción de esa legitimidad sindical parte de la fuerza que tengamos por abajo. No es una tontería. En este momento en que los márgenes de negociación de los gobiernos y la orientación de las políticas son las que son, muy difíciles para los acuerdos, cuando la patronal tiene voluntad de bloquear la negociación de los convenios, tenemos que tener claro que hay que mejorar la correlación de fuerzas y eso se hace ganando posición en la base. Hoy la realidad es más compleja que el salario y la jornada y las relaciones laborales hay que desarrollarlas con presencia continua en el centro de trabajo.

-¿Cuál es la primera reivindicación que le plantearía al presidente del Gobierno?

-Tiene que ver con los Presupuestos. Tal y como están las restricciones presupuestarias, producto del techo de gasto, este país no va a acometer una política expansiva que creo que necesita para tener un crecimiento económico más sostenible. Y hay que modificar el modelo de relaciones laborales. España no puede estar en la temporalidad y la precariedad sistemáticamente vaya la economía bien, mal o regular. Hay que mejorar la productividad pero no por la vía de tirar abajo los salarios, sino por la mejora tecnológica, hay que hacer que los despidos sean la última opción y hay que desincentivar la contratación precaria; hay que fortalecer una política de rentas sobre una renta mínima y las prestaciones de desempleo. No puede ser que la gente se quede en situación de excusión social, y hay que reforzar el sistema público de pensiones mejorando los ingresos y anulando la reforma del 2013.

-En este contexto, ¿dónde sitúa la movilización?

-La movilización es necesaria cuando se producen bloqueos o cuando el Gobierno adopta medidas que van en contra de los intereses de la gente a la que representamos. La movilización como denuncia es un balón de oxígeno para la sociedad. Pero es mucho más que huelgas o manifestaciones. Es una actitud de información y contacto permanente con la gente.

-¿Hay esperanza para los jóvenes?

-Sin duda, pero no hay que caer en la épica del individualismo. Los jóvenes, como los que ya no lo son, solo van a poder ser dueños de sus condiciones de vida y de trabajo en la medida en que estén organizados. Nos han inculcado esa especie de sueño americano de que uno individualmente puede resolver su trayectoria vital y no es así. En las relaciones conflictivas que marcan el contexto actual, y las económicas lo son, solo desde la organización de la gente más joven se pueden revertir algunas cosas. Los cambios exigen adecuación continua de los saberes y las habilidades, pero la juventud española está preparada para eso. La lucha por el saber es clave y fundamental en el mundo del trabajo para que los cambios no nos dejen en la cuneta de la exclusión social.

-¿Considera inapelable la reforma constitucional?

-El debate territorial en España tiene que canalizarse por la negociación política con altura de miras, con un intento de acuerdos trasversales, con fórmulas refrendatarias legales y en un modelo federal que posibilite contrarrestar la hegemonía que ejercen los agentes económicos debilitando el propio espacio público. Creo que no se puede pensar que la judicialización del tema vaya a arreglar los problemas, salvo que pensemos que, por ejemplo, en el tema de Cataluña no hay un problema político sino una locura colectiva, lo cual es no entender la realidad. Es perfectamente compatible una legitimidad a través de un referéndum que iría implícito en una reforma estatutaria con una reforma constitucional que también requería de un referendo en el conjunto del Estado.