La reforma hipotecaria que el Gobierno prepara tiene como objetivo «evitar que se siga incrementando el número de pleitos» tras años de condenas a los bancos por abusos como las cláusulas suelo. Así lo afirmó ayer el Ministerio de Economía al presentar el anteproyecto que enviará al Congreso tras el verano. El Ejecutivo ha ido «más allá» en defensa de particulares de lo que fija una directiva europea del 2014 que debería haber incorporado a la normativa española el 2016. Pero al mismo tiempo, ha aprovechado para tratar de provocar un cambio de calado en el mercado hipotecario.

La norma, así, no se limitará a facilitar el cambio del tipo de las hipotecas de variable (el 95% del total) a fijo como anunció el ministro Luis de Guindos, sino que lo quiere «incentivar». Si el cliente pacta con su banco actual o con otro esa conversión, la entidad solo podrá recibir como compensación un 0,25% del capital pendiente de pago durante los tres primeros años de vida del crédito, y a partir de entonces será gratis. Además, los aranceles de notarios y registradores se bonificarán en un 90%.

AMORTIZACIÓN ADELANTADA

El Gobierno, además, va a limitar la compensación que puede recibir un banco si el hipotecado amortiza el crédito total o parcialmente por adelantado. Si es a tipo variable, ahora paga el 0,5% del capital pendiente en los cinco primeros años y luego el 0,25%. El Gobierno lo quiere reducir al 0,5% en los tres primeros años, al 0,25% entre el tercer y quinto año, y luego al 0%. Si el crédito es a tipo fijo, actualmente no hay límites y se van a fijar en el 4% hasta el décimo año y en el 3% a partir de entonces. Lo más importante es que los porcentajes se aplicarán sobre el capital amortizado, no el pendiente de pago.

Economía también va a endurecer el trámite para iniciar un desahucio. Actualmente, las entidades puedan declarar el vencimiento anticipado del crédito si el cliente deja de pagar tres cuotas. Con la nueva norma, será necesario que no haya abonado el 2% del total del crédito o nueve cuotas en la primera mitad de la vida del préstamo y el 4% o 12 cuotas en la segunda mitad.

La asociación de consumidores Adicae acusó a Guindos de «descarada connivencia» con la banca para «reconducir todas las hipotecas posibles a tipos fijos».