La noticia de que el exvicepresidente del Gobierno del PP, Rodrigo Rato, se acogió a la amnistía fiscal en el 2012 y que ahora está siendo investigado por un posible delito de blanqueo de capitales se ha convertido en un arma política de doble uso para Gobierno y oposición, a mes y medio de la próxima cita electoral.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, aprovechó el escándalo para pedir la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "por decencia política" tras haber aprobado la amnistía fiscal. Gobierno y PP, por su parte, intentaron dar la vuelta al escándalo para extraer un rédito político: "Las investigaciones se realizan a todos, con independencia de quién es hoy o lo que haya sido en el día de ayer. Las instituciones están funcionando", argumentó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en los pasillos del Congreso.

Lo cierto es que Gobierno y PP optaron por ponerse de perfil frente a las graves acusaciones formuladas contra quien lo fue casi todo con José María Aznar como presidente del Gobierno y del PP. Ministros y responsables del PP dieron la espalda al también expresidente de Bankia y apenas Esperanza Aguirre reconoció sentirse "bastante defraudada".

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el de Justicia, Rafael Catalá, pidieron a Rato que dé explicaciones. "Todas las instituciones del Estado, el Sepblac y la Agencia Tributaria van a cumplir con su obligación y van a cumplir con la legalidad", apuntó el titular de Economía, Luis de Guindos. El vicesecretario del PP Esteban González Pons, dijo que el hecho de que quien ha sido ministro y vicepresidente y máximo responsable del FMI "tenga dinero irregular en el extranjero no es un tema personal, es un tema gravísimo". "Quien tenga que asumir responsabilidad, que la asuma", remachó el vicesecretario popular Carlos Floriano.

SILENCIO DE RAJOY

Fuentes del entorno de Rato aprecian en sectores del Gobierno y del PP una actitud de animadversión hacia el exvicepresidente con el fin de marcar distancias con quien ya afronta en la Audiencia Nacional acusaciones por cuatro delitos, entre ellos los de apropiación indebida y falsificación de cuentas en el caso Bankia.

En declaraciones a Onda Cero, el propio Rato declaró ayer que en su día comunicó personalmente al Gobierno de Mariano Rajoy su decisión de acogerse a la amnistía fiscal del 2012. En otro medio, añadió que no tenía constancia de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) le haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales y dijo que no tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes.

El enésimo escándalo en torno a quien fue invitado a darse de baja temporal en el PP en octubre pasado (cuando estalló el caso de las tarjetas opacas de Bankia) encontró ayer su propia caja de resonancia en el Congreso de los Diputados, donde compareció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta del Consejo Europeo de primavera, de marzo pasado.

Tras cinco horas de debate, en las que todos los miembros de la oposición llevaron a la tribuna el nuevo escándalo en torno a Rato, el presidente abandonó el Congreso de los Diputados sin hacer una sola mención al caso, pese a los requerimientos de los periodistas. Fuentes cercanas a Rajoy subrayaron que se siente "afectado en lo personal" por este escándalo, en la medida en que se ve defraudado por la apuesta personal que hizo por Rato para la presidencia de Bankia.

RETIRADA DEL PASAPORTE

El portavoz socialista Pedro Saura pidió la dimisión de Montoro, a quien acusó de haber aprobado la amnistía fiscal del 2012 "para favorecer a los amigos y dirigentes del PP". El ministro achacó la "obsesión" socialista por su dimisión al inicio de la recuperación económica.

El diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela responsabilizó a Rajoy del posible blanqueo de capitales que habría cometido Rato al considerar que no hubiera sido posible sin la "connivencia" de la amnistía fiscal.

UPyD, por su parte, solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la retirada del pasaporte del exvicepresidente de Bankia y que le prohiba salir de España ante los "reiterados" viajes realizados a Suiza en los últimos meses. "Y no solo por el riesgo de fuga, sino por la posibilidad de ocultamiento o distracción de su patrimonio", incidió la formación que lidera Rosa Díez.