La mayoría de los afectados por los productos financieros tóxicos suelen decantarse solo por la vía civil para intentar recuperar el dinero que tienen bloqueado. Dicen los expertos que siguen ese camino porque creen que no pueden acreditar la "intencionada" mala praxis de la banca y porque, además, los jueces son reacios a abrir la vía penal. Con todo, aseguran que hay casos lo "suficientemente notorios" como para que los magistrados no acaben por archivar el proceso. Eso es precisamente lo que persigue la zaragozana Isabel Hernández, que decidió denunciar a la directora de su oficina bancaria al considerar que le había "engañado" y "ocultado información" cuando le colocó todos sus ahorros (118.000 euros) en deuda subordinada.

Como consecuencia, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha imputado a la directora de la sucursal por un presunto delito de estafa. Apenas dos meses después de que Hernández tramitara la denuncia, el juez tomó declaración a las partes y actualmente el caso está en fase de instrucción. "Nos hemos dirigido a la CNMV para que informe sobre los riesgos del producto y si era adecuado para mi clienta, y cuando recibamos respuesta solicitaremos el trámite de acusación", explica su abogado, Álvaro García Graells.

Según apunta, el de Hernández "es el primer caso" de estas características que se tramita en Zaragoza por la vía penal "y uno de los pocos" en España. "Poco a poco la gente se va dando cuenta de que en casos tan evidentes tienen las de ganar", comenta Graells, que asegura que el de su clienta es un claro ejemplo de "engaño". "Yo me siento estafada por ella, no por la entidad", subraya la zaragozana de 45 años.

Su pesadilla comenzó hace apenas seis meses, cuando, tras divorciarse de su marido y liquidar sus bienes conyugales, recibió una compensación de casi 115.000 euros. Ese mismo día (el 6 de octubre), acudió a la sucursal de Catalunya Caixa "de siempre" con la intención de ingresarlo en su cuenta. "Le dije que prefería hacerlo de esa forma para tener el dinero disponible, ya que igual miraba un piso, pero ella me dijo que nunca se solía tener tanta cantidad en una cuenta y que así no tendría rentabilidad", explica Hernández.

DISPONIBILIDAD PLENA Aunque, según apunta la denunciante, le insistió en que no quería "ningún tipo de riesgo", la imputada le propuso invertir en una emisión de deuda subordinada de Catalunya Caixa. "Me dijo que no tenía riesgo y que lo único que tenía que hacer era avisarle y que en un plazo de 15 días tendría el dinero totalmente disponible, así que decidí confiar en ella y firmé", relata Hernández, que indica que todo ocurrió en "unos 50 minutos".

El susto se lo llevó a mediados de diciembre, cuando llamó a la directora de la oficina para avisarle de que igual necesitaba el dinero porque estaba mirando pisos. "Me dijo que no podía sacarlo y que antes tenía que firmar para dar la orden de venta de los títulos en el mercado secundario, algo que me sonaba a chino y que no me había comentado en octubre", indica Hernández con frustración. Además, y según apunta Graells, fue en ese momento cuando le dijo que la entidad había sido intervenida: "Estamos ante un claro ejemplo de ocultación de información porque la imputada ya sabía en octubre que habían intervenido la caja a finales de septiembre".

La pesadilla, sin embargo, no acabó ahí porque la directora le comunicó que el valor de los títulos ya había bajado en el mercado AIAF. "En lugar de los 118.000 euros valían 97.000 y eso siempre que encontrara un comprador", destaca Hernández, que con la rabia aún metida en el cuerpo fue a tramitar la denuncia.

Con todo, lo que más le duele a la zaragozana es que la imputada conocía su situación personal. "Además sabía que no tenía ni idea de productos financieros porque esas cosas las llevaba mi marido", añade. De hecho, y tal y como aparece en la declaración del juzgado, fue la propia directora la que cumplimentó el test de conveniencia, que es el documento que determina si el cliente es capaz de comprender las características y los riesgos del producto.

"Me he quedado a dos velas y tengo que vivir con mis padres porque lo que gano trabajando de autónoma en un bar de instituto no me da para pagar un piso", lamenta Hernández, que es consciente de que ahora no puede hacer otra cosa más que esperar. "Cuando tengamos el trámite de acusación se calificarán los delitos y se solicitarán las penas", apunta Graells. Según señala el abogado de Law Intelligence, casos similares se han solucionado de forma amistosa, ya que la entidad suele llegar a un acuerdo y reintegra lo invertido como responsable civil subsidiario.

Con todo, y si no aprecia indicios suficientes de delito, el juez podría archivar el procedimiento sin abrir el juicio oral. En ese caso, la denunciante podría plantear su reclamación en un nuevo pleito en la vía civil.