La Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España (AIBE) ha considerado este martes "sorprendentes" las afirmaciones de las autoridades, desde el Banco Central Europeo (BCE) al ministro Luis de Guindos, de que el Popular cayó por un problema de liquidez y no de solvencia. "Resulta difícil de aceptar que hoy en día cualquier entidad financiera, por grande que sea, pueda verse abocada a la quiebra por un problema estrictamente de liquidez", han criticado antes de afirmar que supone un "indicio sólido" de que las autoridades bancarias no han actuado de forma adecuada y han dejado que "la enfermedad siguiera su curso hasta convertirse en incurable".

JORDI COTRINA

Félix Revuelta, presidente de Naturhouse.

Estar satisfechos porque un rescate o intervención se haya llevado a cabo sin coste directo para el contribuyente, prosigue su nota, es como estar contentos porque un paciente haya fallecido sin contagiar a nadie. También han cuestionado la valoración negativa del banco de entre 2.000 y 8.000 millones que realizó a mediados de mayo la auditora del Deloitte como experto independiente a petición de las autoridades para preparar una posible intervención. O los "escenarios" con que hizo sus cálculos la firma son de una diversidad extrema, o el experto no lo es tanto, o no lo es su independencia, han asegurado.

La organización, enfrentada con la cúpula del Banco de España y del Mecanismo Único de Supervisión del BCE, también ha criticado la "rigidez" del actual modelo de supervisión y resolución de bancos, que no deja lugar a tratar con flexibilidad los imprevistos y hace "mucho más difícil" establecer la responsabilidad de las autoridades bancarias. Asimismo, ha criticado la "futilidad" de los test de estrés a la banca, que superó el Popular y que "por la vía de los hechos" han resultado un fracaso.

DENUNCIA EN MARCHA

Por otro lado, Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, ultima una macrodemanda contra los responsable de la caída delPopular, según ha adelantado 'Expansión'. El empresario ha reunido en una plantaforma de afectados a casi 3.000 accionistas (800 solo este martes) y ha contratado a un equipo de abogados para preparar las acción judicial. "Estamos estudiando todas las posibilidades, hay muchas cosas que no están claras", ha sostenido a EL PERIÓDICO.

Los letrados están preparando una demanda contra Ángel Ron, presidente de la entidad entre el 2006 y el pasado febrero, y su consejo de administración, bajo cuyo mandato se gestaron los problemas inmobiliarios que han tumbado al banco. También contra su sustituto, Emilio Saracho, que llegó para salvar a la entidad pero ha terminado de hundirla. "En época de Ron las cosas no se hicieron bien y Saracho ha dejado caer la acción sin hacer nada", denuncia Revuelta.

El equipo legal contratado, dirigido por el jefe de los servicios jurídicos del empresario, también analiza la posibilidad de iniciar acciones legales contra la auditora PwC, así como contra los organismos reguladores y supervisores. A juicio de Revuelta, si estos últimos hubieran suspendido la cotización de la acción hace tiempo, se podría haber evitado el colapso del banco.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Revuelta pretende anunciar en los próximos días a los afectados apuntados a su plataforma, que todavía está abierta a nuevas inscripciones, las acciones legales que va a emprender para que se puedan sumar. Su plan es que los costes en que se incurra para presentar y llevar adelante la demanda los soporten en un primer momento los inversores profesionales o cualificados y que los pequeños ahorradores solo tengan que abonar parte de los mismos si los jueces les dan la razón.

El empresario entró en el accionariado del Popular en el 2004, cuando bajo la presidencia de los hermanos Valls Taberner era uno de los bancos más solventes y rentables del mundo. Su participación llegó a estar valorada en más de 64 millones de euros, pero la intervención exprés del banco y su venta urgente al Santander le han hecho perder 45 millones, según reveló hace unos días a 'Vanity Fair'. En febrero ya intentó plantear una acción social de responsabilidad contra Ron y su equipo gestor, pero no logró el 3% del capital necesario para ello.

Su iniciativa se une a otras promovidas por la asociación de consumidores OCU y los despachos de abogados Cremades & Calvo Sotelo, Lean, Navas y Cusí, y Roca y Asociados, entre otros, en los últimos días. "La seguridad jurídica no ha quedado bien parada en este país", critica Revuelta. Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha confirmado que retiró 636 millones de euros en depósitos en el Popular en los días anteriores a su intervención por "razones de prudencia y responsabilidad".