Por la simbólica cifra de un euro, Banca Popolare di Vicenza (PiVi) y Veneto Banca (Vb) fueron el domingo formalmente adquiridas por Intesa Sanpaolo. Así lo informó el Banco de Italia, después de la aprobación del decreto a través del cual el domingo el Gobierno italiano puso a disposición de la operación de liquidación de ambas entidades unos 5.000 millones de euros iniciales, con un margen de hasta 17.000 millones. Dinero que, de manera opuesta a la solución empleada este mismo mes en el caso del español Banco Popular, inyectará directamente el Estado italiano.

Roma volvió a defender con uñas y dientes su maniobra. «Es equivocado decir que el Estado (italiano) perderá dinero con esta operación», afirmó el vicegobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta. «Es posible que [el Estado] gane y, si pierde, lo hará de manera reducida y por tanto lo puede absorber», añadió. «Hemos evitado un shock para nuestra economía», agregó.

Por su parte, el consejo de administración de Intesa Sanpaolo también confirmó que ya firmó el contrato y dijo que cumplirá la palabra dada, siempre y cuando el Gobierno italiano no modifique el decreto ya aprobado. Se prevé la nulidad si «el decreto ley no llega a convertirse en ley, o se cambiasen algunos puntos a través de enmiendas que hiciesen más costosa para Intesa la operación», subrayó el banco.

Como adelantado en los pasados días, Intesa se comprometió a absorber solo la parte sana de PiVi y Vb. En concreto: préstamos al corriente de pago por importe de 26.100 millones de euros, activos financieros valorados en 8.900 millones y 1.900 millones en activos fiscales, así como deuda senior por importe de 11.800 millones, unos 23.000 millones en depósitos indirectos, alrededor de 900 sucursales en Italia y 60 oficinas en el exterior (en particular en Rumanía), además de unos 9.960 trabajadores en Italia y 880 fuera del país (en los Balcanes).

En este clima, Intesa defendió su intervención como una medida que evita que se pongan en riesgo «los ahorros de dos millones de familias y las actividades de 200.000 empresas y, por ende, de tres millones de trabajadores que se encuentran en las regiones de Italia que más están creciendo». Con todo, se ha confirmado el cierre de unas 600 sucursales y el despido en los próximos años de unos 3.900 trabajadores de las dos entidades.

El Banco de Italia, cuyo visto bueno también era esencial para finiquitar la operación, comunicó asimismo los nombres de los comisarios encargados de supervisar la liquidación. En ambos casos, integrará el colectivo el antiguo consejero de PiVi, Fabrizio Viola. Los otros son, para PiVi, Claudio Ferrario y Giustino Di Cecco; para Vb, Alessandro Leproux y Giuliana Scognamiglio. En cambio, la sociedad que se encargará de los créditos deteriorados y de alto riesgo—estimados en unos 20.000 millones de euros y que Intesa no ha querido comprar (de acuerdo con el Gobierno)— será SGA, una compañía controlada por el Ministerio de Economía del país transalpino.

La operación suscitó una reacción positiva en la Bolsa de Milán, que se mantuvo positiva durante la jornada y cerró con un alza de 0,81%. Todo ello gracias al empuje en particular de las compañías del sector bancario, entre ellas Intesa que cerró con una subida de un 3,52%.