El juez del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el exministro Rodrigo Rato en la causa separada de la publicidad de firmas privatizadas al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en «sospechas sin sustento».
La UCO alertó de que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron por campañas de publicidad en medios, a sociedades vinculadas al exvicepresidente. El informe de la Guardia Civil denuncia que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para «colocar» en puestos de dirección a personas de su confianza y posteriormente obtener «sustanciosos contratos de publicidad» a través de la sociedad COR Comunicación ---creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en el 2013-- y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.
El magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la UCO tras constatar el pago de casi 83 millones de euros por campañas de publicidad a través de sociedades de la familia de Rato.
Según informaron a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía recurrirá esa decisión al estimar la existencia de suficientes indicios penales para mantener abierta esta pieza separada del caso, como acreditaría el atestado, que ponía el foco sobre COR Comunicación. Para el instituto armado, COR habría sido la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones de euros, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones de euros).
Al margen de este caso, Rato tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros en rentas no declaradas detectadas en transferencias bancarias internacionales.
