Un juzgado zaragozano ha abierto el camino para eliminar las limitaciones por efectos retroactivos que se aplican en la nulidad de las cláusulas suelo hipotecarias. En una reciente sentencia, la magistrada del Mercantil número dos de la capital aragonesa ha obligado a Banco Ceiss (Caja España) a devolver todo lo cobrado a un cliente porque el derecho de la Unión Europea (UE) "tiene primacía" sobre la jurisprudencia nacional y, por tanto, sobre la resolución del Tribunal Supremo que eximió a la banca de restituir cantidades anteriores al 9 de mayo del 2013.

La jueza basa su decisión en numerosas resoluciones del tribunal europeo que interpretaron una directiva comunitaria de abril de 1993 relativa a cláusulas abusivas y protección de los consumidores. En base a este criterio, argumenta que los jueces españoles deben aplicar con "todas las consecuencias" el derecho comunitario cuando exista una "conexión relevante" con los casos que analicen, como es el de este cliente de Caja España, representado por Unive Abogados, al que da la razón para que se le restituya la totalidad de lo pagado de más por cláusulas suelo.

A raíz de este novedoso fallo judicial, dictado el pasado 27 de abril, el bufete zaragozano Cross Abogados ha planteado en una demanda similar --también presentada en el capital aragonesa-- una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa (TJUE), para que este se pronuncie sobre si el criterio del Supremo de la sentencia de 25 de abril del 2015 es "incompatible" con el derecho comunitario que, según las directivas existentes, debería obligar al banco a devolver todo el dinero sin limitación.

Esto implicará que el juzgado zaragozano que lleve el caso --todavía sin asignar--, antes de dictar sentencia consulte al TJUE sobre si la doctrina del Supremo es "correcta y compatible" con el derecho comunitario, explicaron fuentes de Cross Abogados. En caso de que prospere esta petición, la respuesta será además vinculante para ese juez y para todos los demás que enjuicien casos como este en toda España.

Cabe recordar que a raíz de las cuestiones prejudiciales presentadas por el juez mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo, la justicia europea declaró abusiva la ley española sobre desahucios y forzó un cambio en la aplicación de la misma.