El ‘caso Jamón de Teruel’ quedará hoy visto para sentencia. La Audiencia Provincial juzga desde el martes a tres exaltos cargos del consejo regulador de la denominación de origen, para los que la fiscalía pide tres años de prisión, acusados de apropiación indebida durante su gestión, y una multa de 300.000 euros por la falta de control en compras y regalos. Ayer, en la segunda sesión del juicio, declararon como testigos trece trabajadores y miembros del consejo regulador, si bien las partes habían citado a un total de 28.
Para los abogados de la defensa, en el juicio se está demostrando que no hubo delito por parte de los acusados, aunque reconocen «algún desorden contable».
El exgerente del consejo regulador, Fernando Guillén, ya defendió el martes en la Audiencia Provincial que los gastos con su tarjeta, para gasolina, regalos o cursos, eran propios de la gestión, «justificados» e incluidos en la memoria de actividades. Guillén negó que hubiera una doble contabilidad y gastos excesivos y justificó cada uno de ellos a preguntas del fiscal: cursos de inglés para un cortador y otros de informática para personal del consejo, en gasolina para los vehículos que utilizaban los cortadores.
El fiscal pide 300.000 euros para pagar de manera solidaria entre Guillén y quien fuera presidenta y vicepresidente del Consejo de 2009 a 2013, Pilar Martín y Clemente Garcés, respectivamente, y tres años de cárcel para cada uno.
