La sospecha de que Renault oculta el verdadero nivel de emisiones que lanzan a la atmósfera sus motores diésel ha llevado a la Fiscalía de París a abrir una investigación judicial por un supuesto fraude que entrañaría problemas de salud pública. Tras el anuncio, los títulos del primer constructor automovilístico francés perdieron más de un 2% en bolsa.
Tras el escándalo del diéselgate de Volkswagen, Renault es el segundo fabricante que se verá obligado a rendir cuentas ante la justicia francesa, que ya abrió un expediente en febrero del 2016, cinco meses después de salir a la luz que el constructor alemán había trucado el software de 11 millones de motores diésel para superar los controles anticontaminación.
Ahora, tres jueces de instrucción de la sección de salud pública analizarán si Renault ha engañado a los consumidores al comercializar vehículos equipados con motor de gasóleo que emiten más óxido de nitrógeno (NOx) del que figura en la ficha técnica oficial. La Fiscalía sostiene que, de ser así, la consecuencia es que los coches entrañarían un peligro para la salud.
El cerco judicial se ha ido estrechando sobre el grupo liderado por Carlos Ghosn desde que la investigación de la Dirección General de Competencia detectara que el constructor superaba en pruebas de tráfico real el nivel de emisiones contaminantes registradas en un laboratorio de homologación. Fue la misma conclusión a la que llegó una comisión puesta en marcha por el Ministerio de Ecología.
Hace ahora un año, los mismos agentes antifraude realizaron un espectacular registro en la sede central de Renault. El último episodio de este proceso se produjo hace tres meses, cuando el Ministro de Economía, Michel Sapin, elevó a la justicia los resultados de la investigación llevada a cabo por Competencia. El Estado francés tiene el 20% de las acciones del grupo.
La compañía aseguró ayer que sus coches se fabrican de acuerdo a la normativa en vigor y recordó que en el 2016 presentó un plan de acción para reducir las emisiones. De ser condenado, el riesgo para Renault es importante porque, además de la multa, se abriría la puerta a muchos procesos judiciales en todo el mundo.
