"Nunca llueve a gusto de todos", reza el refrán. En el caso de una convocatoria de huelga, el dicho es más vigente que nunca. Ayer, después de que las principales organizaciones sindicales --CCOO y UGT-- convocaran una huelga general para el 29 de marzo, varias organizaciones empresariales mostraron su rechazo al paro, debido a los efectos que puede tener sobre la economía. Otras asociaciones, como las de autónomos, aseguraron que respetaban la huelga.

Las primeras reacciones a la convocatoria llegaron desde el sector político, y estas dejan entrever que en la huelga del 29-M se dará un hecho que no se repitió en la pasada convocatoria de huelga: que el principal partido de la oposición dé su apoyo expreso al paro. "Mariano Rajoy debe y puede evitar el paro general si se sienta a negociar de una forma seria antes de la fecha fijada por los sindicatos para el paro general", aseguró la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez.

La réplica llegó de la mano de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien advirtió de que la situación de crisis "tan grave" hace que España "no esté para huelgas generales". También exigió a UGT y CCOO "compromiso y responsabilidad" con respecto al decretoley que entra la próxima semana en trámite parlamentario.

Los empresarios no solo mostraron su rechazo al paro, sino que se mostraron preocupados por el impacto "muy negativo" que la convocatoria "puede tener en la actividad económica, la creación de empleo, la imagen de España en el exterior y la confianza de los inversores". En un comunicado conjunto, CEOE, Cepyme y CEAT pidieron a los sindicatos mantener un clima de diálogo y negociación en el contexto de la tramitación parlamentaria al que está sometida la reforma laboral. La patronal hotelera CEHAT advirtió de que la huelga general transmite "una imagen negativa" al exterior.

AUTÓNOMOS También dio un pequeño "respaldo" a los sindicatos la vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, que señaló que respeta la huelga general convocada por los sindicatos, pero que la cultura de los paros no forma parte del "espíritu" de los autónomos.

La confederación sindical de funcionarios (CSI-F), mayoritaria en las administraciones públicas, no se suma al paro, en espera de ver el resultado de sus contactos con los grupos parlamentarios para cambiar el decreto. Y advierte al Gobierno de que no aceptará que se traspase la "línea roja" y que haya despidos en la administración.