Aunque los fondos públicos destinados a recolocar parados han sufrido un recorte del 21%, la expectativa de lograr una parte de un pastel de 5.807 millones ha atraído a 420 empresas o entidades que han sido homologadas como agencias privadas de colocación en el conjunto de España. Las comunidades autónomas están a punto de abrir convocatorias de políticas activas de empleo en las que se podrán presentar por primera vez tanto las nuevas agencias como las empresas de trabajo temporal (ETT) en algunos planes.
A la espera de que el Gobierno central apruebe una regulación genérica de la colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas, el referente es el sistema británico, que paga a las agencias privadas un mínimo de 745 euros y un máximo de 17.000 por cada parado al que busca una solución en función de la dificultad de la recolocación y la duración del contrato conseguido.
Las últimas reformas laborales han abierto las puertas del servicio público, el antiguo Inem, a las empresas privadas que basan su negocio en la gestión de recursos humanos. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ya ha dejado claro que una parte de la inversión en políticas activas servirá para retribuir a las agencias privadas. La lista de las 420 agencias autorizadas hasta ahora incluye, además de las ETT y otras empresas de selección de personal, entidades del tercer sector, organismos públicos, patronales e incluso organizaciones religiosas.
TEMAS PENDIENTES Los responsables autonómicos de las competencias laborales tendrán un margen escaso y ya preparan las órdenes con las convocatorias de programas destinados a parados. Todos miran hacia los países que han implantado sistemas de subcontratación. Las grandes ETT agrupadas en la asociación Agett han propuesto el sistema británico por su eficiencia al gestionar la formación o recolocación de casi un 50% de los parados. ñEn España, el problema del Servicio Público de Empleo es su lentitud en la respuesta a las ofertas de empleo recibidas. Nosotros podemos aportar más agilidadO, aseguró Lorenzo Rivasés, portavoz de Agett.
En el Reino Unido, el servicio público atiende a los parados durante el primer año sin trabajo. Si en ese plazo no se han recolocado, encarga a las agencias privadas la gestión del currículo, la formación, la orientación y la colocación de esos parados. El sistema establece compensaciones en función de los resultados partiendo de una cantidad mínima de 600 libras (745 euros). Si consigue un contrato con una duración mínima de 26 semanas, la empresa gestora recibe unos 1.500 euros. Si el contrato se prolonga, puede recibir un mínimo de 2.730 euros.
Las ETT han advertido a algunas comunidades del problema que pueden crear algunas de las convocatorias que preparan si pretenden encargar a las agencias privadas solo colocaciones. ñEs difícil encontrar un trabajo para una persona de la que solo se conoce una escueta ficha enviada por el servicio público. Eso no aporta un servicio de calidad y no dinamiza el mercado laboralO, advirtió Rivasés. En lugar de eso, han planteado hacerse cargo del paquete completo: primera atención, orientación, intermediación y colocación adaptando el modelo británico.
SUAVIZAR Y FILTRAR Los sindicatos se han marcado como objetivo suavizar y filtrar la intervención privada. Exigirán que la Administración no regale subvención a entidades "que son meras gestoras y que no controlan medidas destinadas a los parados como la formación", explica Adela Carrió, de UGT. Por ello, pedirán que no se subcontrate los colectivos más fáciles de insertar en el mercado laboral y que haya una duración mínima de los contratos para percibir una compensación económica.
Las ETT aceptan el reto de buscar contratos más largos que la media de un mes que tienen ahora para los dos millones de colocaciones que gestionan al año, pero advierten de que si se sube mucho el listón, por ejemplo a un año, es probable que las agencias privadas no se presenten a las convocatorias públicas.
