Más de mil aragoneses con discapacidad psíquica o física podrían perder su puesto de trabajo por culpa de la crisis y los recortes que está aplicando la Administración. Ante esta situación "desesperada", las organizaciones sociales de la comunidad han dado la voz de alarma para exigir a las instituciones que se comprometan con uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral.
Hasta ahora los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo (CEE) --que son las empresas impulsadas por este tipo de asociaciones para facilitar la inserción laboral de discapacitados-- recibían una subvención pública correspondiente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (el sueldo que cobra la mayoría de estos empleados). Sin embargo, esa ayuda bajó a principios del 2012 hasta el 50%, lo que podría significar el certificado de defunción de varios CEE.
Este ajuste, que es el que más daño puede hacer a las asociaciones, se ha sumado al retraso en el pago de las ayudas por parte del Ejecutivo autonómico. De hecho, las organizaciones llevan desde el mes de febrero sin cobrar los miles de euros que la DGA les adeuda en concepto de convenios. Pero su calvario no acaba aquí. A los recortes e impagos hay que añadir la escasa carga de trabajo que los CEE están recibiendo de las empresas. La crisis y la caída de las ventas han provocado que las compañías bajen su producción y por tanto les deriven menos pedidos. "Nosotros dependemos del trabajo que nos transfieren las empresas. Si no llega y encima nos bajan las ayudas la situación será insostenible", advierte el presidente de la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (Padis), Javier Guiu.
De hecho, ya ha habido CEE que han tenido que recurrir a los expedientes de regulación de empleo (ERE). Así, Desarrollo Social e Integración SL, que forma parte de Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) y trabaja para empresas como GM o CAF, ya presentó en febrero un ERE de 100 días para sus 130 empleados. Adislaf, por su parte, va a aplicar otro de 180 días para 30 trabajadores y al final de año valorará si es posible mantener la actividad.
DIGNIDAD Y AUTONOMÍA Lo peor es que llueve sobre mojado: las arcas de asociaciones como Benito Ardid, Atades, o DFA están maltrechas después de cuatro años de crisis, reducción de la obra social de las cajas de ahorros y una fuerte restricción del crédito. "Si el recorte se mantiene empezaremos con los ERE, acabaremos cerrando y volveremos a los años 70 porque dejaremos a las personas con discapacidad sin trabajo, sin dignidad y sin esperanza", critica el presidente de la Fundación Benito Ardid, José María López.
El dinero con el que se subvencionaba el 75% del SMI hasta enero proviene de la partida destinada a las políticas activas de empleo, que el Gobierno central redujo un 21% en abril en el proyecto de los presupuestos generales. Así, el Ejecutivo central transfiere el montante a la DGA y esta se encarga de pagar a los CEE. "Desde el Inaem ya se nos dijo hace cinco meses que solo podrían abonarnos el 50%, aunque aún tenemos alguna esperanza", indicó López.
En este sentido, lo que piden las asociaciones es que el Gobierno autonómico compense con fondos propios el ajuste de Madrid. "Si tan comprometidos están con la discapacidad que lo demuestren y prioricen recursos", subraya el gerente de Atades Zaragoza, Félix Arrizabalaga, que apunta que los políticos tienen "una responsabilidad de gestión". "Si no saben gestionar bien es un fracaso suyo", añade.
DOS MILLONES DE EUROS El problema es que en estos momentos de crisis esa diferencia del 25% es un auténtico balón de oxígeno para estas empresas. Por ejemplo, en el CEE Oliver, con 170 empleados que hacen las puertas y los frontales para Teka, ese porcentaje supone una subvención anual de unos 300.000 euros. En total, el sector estima que se necesitaría una partida de dos millones de euros para cubrir ese 25% de todos los trabajadores de los CEE.
Con todo, lo que piden las asociaciones es que la DGA acabe con este clima de incertidumbre y tome pronto una decisión. "La situación es caótica porque las reservas se han acabado. Necesitamos saber algo ya porque desconocemos si tendremos que presentar ERE o concursos de acreedores", señala Guiu.
La presidenta del Ejecutivo autonómico, Luis Fernanda Rudi, se refirió a este asunto el pasado lunes en una comparecencia de prensa e indicó que aún se estaba a la espera de conocer la "cantidad definitiva" que se destinaba desde Madrid a las políticas activas de empleo. "Si no alcanza intentaremos compensar con fondos propios, pero ahora mismo no puedo decir si llegaremos a esos dos millones", señaló.
Ayer, el director gerente del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), Jorge Escario, fue más contundente y aseguró a este diario que "no hay dinero para poder hacernos cargo de ese 25% adicional". "Aquí no se ha engañado a nadie porque cuando el Gobierno central decidió elevar las ayudas hasta el 75% ya dijo que el momento de finalización de esa subvención sería el 31 de diciembre del 2011. Con estos presupuestos, el Ejecutivo central no puede llegar a ese porcentaje y, desde luego, el de la comunidad autónoma de Aragón tampoco", aseveró Escario, que apuntó que el problema "fundamental" es que no les llega trabajo de las empresas. "Con todo, mantendremos el 50%, que suponen 7,7 millones de euros y representan casi el 10% del presupuesto", añadió.
Respecto al retraso en los pagos, que justificó en las "tensiones de liquidez" que sufre el Gobierno central, comentó que en agosto "recibiremos nuevos fondos de la conferencia sectorial y podremos liberar".
