El exsocio de Caja Inmaculada (CAI) en el sur de España, Ramón Marrero, cerró suculentos contratos con las empresas que operaban bajo el paraguas de CAI Inmuebles, holding inmobiliario que llegó a contabilizar hasta 69 sociedades ligadas al ladrillo, y que abrió un agujero económico que acabó por engullir a la entidad. Según ha podido saber este diario, Marrero, a través de su bufete de abogados, llegó a percibir más de 52.000 euros mensuales por los contratos firmados con tres de estas sociedades: El Soto de Vistahermosa, Arcai Inmuebles y Golf El Puerto. Pero la nómina de sociedades dependientes de CAI Inmuebles con las que contrató el empresario y exconsejero de la Junta de Andalucía era mucho mayor (Promopuerto 2006, Inversiones Inmobiliarias Andalsur e Inverpuerto, entre otras) y de hecho se veía "imprescindible" su implicación.
La operativa acordada entre Marrero y estas sociedades consistía en el cobro de un 5% de comisión, calculado sobre el total de ventas --un 3% por tareas de asesoramiento, gestión y administración y otro 2% por comercialización y ventas--. Además, se da la circunstancia de que Marrero tenía participación en un buen número de estas sociedades inmobiliarias.
Algunos de los contratos eran suscritos por Marrero, por un lado, y por Arturo Carpintero, también socio de CAI, aunque además aparecían otros nombres como Francisco Javier Martín, presidente del consejo de administración de Promopuerto 2006, y Francisco Javier Alfaro (en Inverpuerto 2004 o Aúriga El Puerto). Tanto Marrero como Alfaro están imputados, junto con el exdirector general de CAI, Tomás García Montes, por varios delitos (estafa, apropiación indebida y administración desleal) después de que la entidad aragonesa presentara una querella a finales del 2012. Es el conocido como caso CAI.
UNA DÉCADA
El empresario andaluz, que inició sus negocios con CAI en el 2001 con la sociedad El Soto de Vistahermosa, se desvinculó finalmente de sus inversiones en las operaciones inmobiliarias de CAI en el 2009, meses antes de que se produjera la salida de García Montes de la entidad. Esta desinversión costó a la caja 1,5 millones de euros en compensación por la resolución, de mutuo acuerdo, de los contratos de gestión con las empresas participadas, según el escrito presentado por su abogado al juzgado número 4 de Zaragoza dentro del caso CAI.
Marrero también reconoció en las Cortes, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de CAI, que participó en negocios con CAI Inmuebles porque "era lo más conveniente para mis intereses privados".
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Las sociedades integradas en CAI Inmuebles arrojaron pérdidas millonarias durante esos años. Así, el holding inmobiliario perdió solo en el 2011 un total de 56 millones, mientras que un año antes los números rojos fueron de 66 millones, según los informes anuales de la entidad.
Además, la sociedad CAI Servicios Generales, cuya función se centraba en la gestión y explotación de inmuebles registró pérdidas de 19,5 millones de euros en el 2010 y de 76 millones un año después.
