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El Periódico de Aragón | Martes, 22 de mayo de 2012 - Edición impresa
03/02/2012
Solo en los nueve primeros meses del 2011, más de 42.200 familias se han enfrentado al desahucio por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler. Esta fue la advertencia que ayer transmitieron tres grandes oenegés en una carta abierta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para recordarle que ninguna crisis económica o financiera disminuye su responsabilidad en el respeto de derechos como la sanidad, educación o vivienda digna. Por ello, han aconsejado al Ejecutivo que lo tenga en cuenta a la hora de diseñar medidas y proponer recortes con los que afrontar la crisis de manera que no afecten los derechos básicos de las personas. Firmada por Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales y el Observatori DESC, la misiva recuerda a Rajoy que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), España se comprometió a usar "el máximo de los recursos de que disponga" en el cumplimiento "progresivo y sin retrocesos" de los derechos económicos, sociales y culturales. Para hacerlo efectivo, los firmantes aconsejan llevar a cabo una evaluación del posible impacto que la reducción del gasto público pueda tener en estos colectivos.
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