"Las consultas al servicio jurídico han aumentado considerablemente". Esta frase la pronuncian casi con las mismas palabras los secretarios de acción sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz. Se trata de uno de los muchos datos que les corroboran que el decreto de reforma laboral tiene implantada la semilla de la conflictividad a todos los niveles. Los sindicatos están detectando ya los problemas que conlleva la aplicación durante un mes de la reforma laboral. La novedad es que en esas consultas a los gabinetes jurídicos sindicales han aumentado las de los trabajadores de las administraciones públicas.
La espita que abre el decreto a prescindir del personal laboral y de los trabajadores del sector público ha llevado a jardineros, barrenderos o limpiadoras hasta un buen número de despachos de abogados. La inquietud creada por la aplicación del decreto no solo en cuanto a despidos sino también en reducción de salarios no es la misma en grandes ciudades como Madrid y Barcelona que en los miles de ciudades medias y pequeñas. En esta últimas, las administraciones públicas contratan directamente, mientras en las otras son las grandes firmas las que prestan los servicios. Los primeros están más desprotegidos en la medida en que no tienen el respaldo sindical o no han recurrido a él hasta hora.
Consultas preventivas
El asesoramiento que reclaman ahora los afectados va en distintas direcciones, pero existen las consultas preventivas: ¿me pueden bajar el sueldo?, ¿qué respuesta puedo dar si me obligan a cambiar la jornada laboral? ¿cómo puedo reclamar?
También las hay de más enjundia y que obligan a los asesores sindicales a emplearse a fondo. Son casos en que los trabajadores afectados por expedientes de suspensión sea de jornada parcial o de empleo por tiempo determinados pasan a ser de rescisión definitiva.
Los datos que contabiliza la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) muestran que España no es un país especialmente conflictivo y menos desde que estalló la crisis. Aunque en el 2011 el número de huelga ascendió el 5,04%, la cantidad de horas de trabajo perdidas por paros descendió el 60,12%. El número de trabajadores implicados en los conflictos fue de 613.514, el 76,93% menos que el año anterior. La mayoría de las protestas tenían que ver con la tramitación de expedientes de regulación y con la reivindicación de abono de salarios atrasados.
