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Mil culpas, ni un culpable

Los grupos aspiran a pactar al menos varias recomendaciones para evitar nuevos problemas. Los partidos son incapaces de consensuar la causa de la crisis en la comisión de investigación

 

Mil culpas, ni un culpable -

PABLO ALLENDESALAZAR
15/01/2018

Imaginemos que la crisis financiera que ha asolado España durante la última década fuera un crimen literario y el detective encargado de resolverlo fuera una comisión de investigación del Congreso de los Diputados. De ser así, ya iríamos por la mitad de la novela y a estas alturas es probable que los lectores se sintieran mucho más decepcionados y desconcertados con el relato que con los de Sherlock Holmes y Hercule Poirot. No está nada claro que el investigador vaya a satisfacer nuestra necesidad de que los hechos queden esclarecidos y de que los culpables paguen por sus culpas.

El pasado febrero, La Cámara baja aprobó la creación de esta comisión, casi 10 años después del estallido de las hipotecas subprime, nueve después de la caída de Lehman Brothers y cinco después de que el Gobierno tuviera que pedir el rescate europeo para la banca. Todos los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad la iniciativa de Unidos Podemos, a la que se fueron sumando Ciudadanos, el PSOE y, por último, el PP. Pero se trató de un consenso forzado: el Ejecutivo de Mariano Rajoy vetó durante sus cuatro primeros años propuestas similares amparado en su mayoría absoluta en el Parlamento.

«Tenemos la enorme responsabilidad de averiguar, analizar y comunicar a los ciudadanos qué pasó, pero también de saber qué tienen que hacer en el futuro este país, sus órganos reguladores y este Congreso en el aspecto legislativo para que eso no vuelva a suceder y para crear las condiciones para tener un sector financiero que responda al papel que tiene que corresponderle en el futuro y que sea garantía de los derechos de los ciudadanos», proclamó Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria y presidenta de esta comisión, el día de constitución de la misma.

El plan de trabajo incluye una treintena de comparecencias más en dos bloques (uno sobre las cajas, con especial atención a Bankia, y otro sobre el Popular) hasta julio, para después tratar de consensuar unas conclusiones en septiembre y octubre y elevarlas en noviembre al pleno del Congreso para su aprobación. Pero seis meses de trabajo y 36 comparecientes después, el primero de los objetivos –aclarar y consensuar el origen y causas de la crisis– parece una quimera, según admiten en los cuatro principales grupos parlamentarios. «Va a haber votos particulares de todos sobre el relato de la crisis», acierta a resumir un portavoz.

La comparecencia esta semana de los exvicepresidentes económicos Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado ha dado buena prueba de ello. Pese a criticarle por sus problemas con la justicia, el PP calificó al primero de un «excelente ministro que hizo un trabajo excelente por este país» para negar después que los problemas se comenzasen a gestar bajo los gobiernos de José María Aznar. El PSOE contraatacó afirmando que la «crisis se inicia con el PP: Rato, como vicepresidente, ceba la mecha que hace estallar Luis de Guindos», soslayando que Solbes, y en menor medida Salgado, habían admitido errores en su gestión.

Unidos Podemos, por su parte, achacó los problemas al «modelo oligárquico y las redes clientelares» sustentadas por el «PPSOE». Y Ciudadanos defendió que la crisis «no fue una maldición divina, sino consecuencia directa del saqueo del bipartidismo de amiguetes a través de las cajas de ahorro» del PP y PSOE con la ayuda de IU, los «amigos de Podemos».

ALEGATOS AUTOEXCULPATORIOS / Con escasas pero honrosas excepciones, los comparecientes que han ido pasando por la comisión también han tenido algo en común: defender su gestión y, como mucho, apuntar en otra dirección para explicar las culpas. Así ha sucedido, por ejemplo, con los altos cargos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ya fueran nombrados por el PP o el PSOE, todos han coincidido en afirmar que sus instituciones actuaron básicamente bien y que los problemas fueron una calamidad sobrevenida.

«En esta comisión se da la paradoja de que solo los expertos han hecho algo de autocrítica y todos los participantes activos han eludido responsabilidades», resumió esta semana Alberto Garzón, de Unidos Podemos. Precisamente, la aportación de los expertos es la que está siendo más valorada por los principales grupos parlamentarios y ha alentado la esperanza de poder pactar, de forma mayoritaria si no unánime, una serie de recomendaciones para evitar futuras crisis que puedan ser aprobadas por el Congreso y no dejen la impresión de que la comisión ha sido un fracaso.

Los grupos admiten que les vendría bien el asesoramiento de técnicos del Banco de España y la CNMV. Y ven difícil acordar una nueva fórmula de elección de los responsables de los organismos supervisores u otra organización de estas instituciones. Pero creen posible pactar medidas sobre los mecanismos de control macroprudencial que se podrían crear para detectar nuevas burbujas, los cambios que se podrían instar en la arquitectura institucional europea, y las medidas que podrían adoptarse para mejorar la protección de los consumidores. Sería deseable porque, como dijo Solbes, «las crisis volverán».