Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, considera no solo que no debe dimitir por el varapalo del Tribunal Constitucional al decreto de amnistía fiscal, sino que ahora busca el apoyo de la oposición para cambiar la ley y evitar en el futuro nuevas regularizaciones de dinero opaco. Lo anunció ayer durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados pero ningún grupo le siguió el paso. Por el contrario, se repitieron las peticiones de que dimita por decencia, que pida perdón a los ciudadanos por ayudar a los que blanquean dinero y protagonizar la «página más negra» de la Hacienda española.
Montoro dedicó la mañana en la sesión de control de la Cámara Baja a defenderse de las críticas de la oposición y justificando la amnistía fiscal por la herencia recibida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ante la amenaza de rescate por parte de Bruselas. Pero como no consiguió abrir una fisura en el homogéneo, en este caso, bloque que formaron todos los grupos de la oposición, cambió el discurso por la tarde pidiendo el apoyo para cambiar la ley general tributaria y para evitar que se produzcan nuevas regularizaciones fiscales, como la del 2012.
«Creo que hay un consenso muy amplio en contra de que haya nuevas regularizaciones extraordinarias como las que ha habido en España en las últimas décadas. Por eso les propongo modificar la ley general tributaria para que incluso lleguemos a prohibir expresamente nuevas regularizaciones», fueron sus palabras. Ningún portavoz le respondió. Por el contrario, continuaron censurando sus decisiones, recordándole que ha beneficiado a dirigentes el PP y reprochándole que ni siquiera haya conseguido la recaudación anunciada.
Además, el PSOE registró la reprobación que se votará en un próximo pleno del Congreso y que cuenta con el apoyo de una inmensa mayoría de grupos. Algunos como los diputados del PDeCAT no se pronunciaron ya que en su día fue uno de los que apoyó el decreto ahora censurado por el Consticional.
Seis años después de la salida del PSOE del Gobierno y cuando el PP presume de una espectacular recuperación de la economía, tanto el presidente Mariano Rajoy como el ministro de Hacienda volvieron a escudarse tras la herencia del Gobierno de Zapatero para justificar sus decisiones.
Rajoy, en respuesta a nueva portavoz socialista Margarita Robles, defendió la amnistía fiscal porque España estaba en una situación «límite», de «prequiebra». Para Montoro la situación era de «asfixia» económica. Ambos recordaron que el PSOE aprobó dos amnistías fiscales y además «las rentas afloradas no pagaron» y con el PP sí, y además se identificaron a los defraudadores, subrayó el jefe del Ejecutivo. Ni Rajoy ni Montoro entraron en el fondo de la cuestión como es la censura del Constitucional a una práctica que, según la sentencia, supone la «abdicación del Estado» en su competencia de política fiscal. Ambos prefirieron enfatizar que solo les ha censurado por utilizar la fórmula del decreto.
LAS CONSECUENCIAS / Es cierto que la resolución del Tribunal Constitucional apenas tendrá consecuencias prácticas sobre los alrededor de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía siempre que las regularizaciones sean firmes. Solo tendrá efecto sobre las que aún no sean firmes, como pudiera ser el caso del exvicepresidente Rodrigo Rato u otras personas implicadas en procedimientos judiciales por delito fiscal. Montoro presumió de transparencia y de luchar contra el fraude fiscal. Señaló que un tercio del patrimonio declarado en el 2015 procedía de la amnistía fiscal y del extranjero y prometió aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria.
El socialista Pedro Saura pidió a Montoro que dimita para «devolver la decencia» a la política, y su compañero Julián López Milla le exigió que pida disculpas.Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, recordó que al mismo tiempo que se concedió esta amnistía se subieron el IVA y el IRPF, una muestra de la política de «premiar al defraudador y castigar al cumplidor». El momento más tenso de la comparecencia se produjo cuando el diputado de Compromís, Ignasi Candela, le llamó «blanqueador del dinero de los criminales».
