La discusión sobre la posible implantación del outlet de Pikolín y la reimplantación de la moratoria sobre las grandes superficies por parte de la DGA llega hoy al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. A petición del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y sin contar de antemano con una mayoría amplia, los grupos municipales tendrán la oportunidad de posicionarse en una decisión que no le compete al consistorio, sino a la DGA. Mientras, en paralelo, los grupos parlamentarios de Podemos e IU, según ha podido saber este diario, trabajan en abrir pronto esa misma discusión donde realmente toca, en las Cortes de Aragón.En el fondo de la cuestión está el perjuicio que ZeC asegura que causa al pequeño comercio la creación de más grandes superficies comerciales. Pero cuando está en trámite la petición de Pikolín de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir que sus instalaciones de la carretera de Logroño, calificada para usos industriales, puedan albergar en el 2017 usos comerciales. Una antesala del debate que llegará cuando Urbanismo termine el plan especial que se inició al final de la legislatura pasada.
