El Consejo General del Notariado ha puesto en marcha una nueva base de datos para la persecución de prácticas de corrupción y de blanqueo de capitales por parte de cargos públicos. La nueva base incluye información detallada de un total de 25.185 personas físicas de las que 16.641 son cargos públicos, desde la Jefatura del Estado hasta concejales de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y directivos de todo tipo de sociedades públicas.
El resto hasta completar la cifra de 25.185, son «allegados» a estas personas, un concepto que abarca a «todo aquel que tiene una relación empresarial con una persona de responsabilidad pública o que comparte con ella la capacidad de controlar una persona jurídica, ya sea una sociedad, una asociación o una fundación».
Dentro del colectivo se pretende abarcar a todo tipo de posibles testaferros de cargos públicos, ya sean abogados, socios, familiares o titulares de poderes notariales.
Así lo explicó el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el presidente de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño.
Los notarios también se refirieron a las medidas adoptadas por el colectivo para prevenir posibles prácticas de blanqueo de capitales a partir del uso de bitcóins o cualquier otro tipo de criptomonedas.
Martínez Sanchiz se refirió a la nueva base de datos de cargos públicos como «un instrumento utilísimo para luchar contra todos los delitos de corrupción, para evitar o paliar casos de malversación de caudales públicos o de prevaricación».
