El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón, un texto que adapta la normativa de la comunidad a la legislación nacional, y que introduce un nuevo modelo dirigido que erige a estas instituciones en entidades de prestación de servicios.

La finalidad de la ley, cuyo proyecto será remitido ahora a las Cortes de Aragón para su tramitación, es generar un marco estable que permita el funcionamiento de las Cámaras de Comercio con unas reglas de juego "claras y definidas", apunta la DGA en un comunicado. Entre sus principales características se encuentran la ausencia de recursos estructurales, la capacidad de generar ingresos, la reorganización del pleno priorizando la figura de la empresa con cuota voluntaria y un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas que asegure la separación entre la parte pública y privada de las Cámaras.

Respecto a las funciones que podrán realizar las Cámaras, se amplía el catálogo previsto en la legislación estatal, incorporando algunas nuevas relativas a la colaboración con la administración en labores de asesoramiento y atención a emprendedores y pymes; apoyo a la expansión nacional e internacional de las empresas aragonesas y elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes camerales autonómicos. Además, ahora serán los plenos de las Cámaras los que supervisen las actividades privadas que desarrollen estas entidades.

La Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón también desarrolla la organización de las mismas, donde se recogen la composición y atribuciones de los principales órganos de gobierno: el pleno, el comité ejecutivo, el presidente, así como la figura de los vicepresidentes y del secretario general y del tesorero.

Se introduce como novedad la limitación a dos mandatos consecutivos en la figura del presidente de Cámara.