Cuatro correos electrónicos y un informe técnico firmado por orden suya por su mujer cinco años más tarde de su realización. Esos fueron los argumentos con los que José Luis Olivas, ex presidente de Bancaja y ex consejero de Iberdrola, defendió ayer desde el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia su inocencia en la causa abierta contra él y el empresario Vicente Cotino por fraude fiscal y falsedad documental en una operación en la que participaron la caja de ahorros, la eléctrica y por la que cobró una comisión de medio millón.

Los hechos se remontan al año 2008 y culminaron con la ejecución por parte de Endesa de su derecho de adquisición preferente ante una oferta de Iberdrola para comprar el 45% de la sociedad Parques Eólicos Valencianos, de la que ya era accionista mayoritario. Se trató de una venta conjunta de Bancaja, que tenía el 20% y de Cotino, que tenía el otro 25% y fue quien pagó a Olivas por sus cuestionadas gestiones para sacar adelante la operación.

Según el fiscal, que pide provisionalmente para ellos tres años de prisión y más de 200.000 euros de multa, Olivas, expresidente también de la Generalitat Valenciana con el Partido Popular, y Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de Las Cortes Valencianas, se inventaron esa intermediación y el empresario, además, se desgravó la factura. Según ambos acusados, Cotino pidió a Olivas que le ayudara a vender su parte y le prometió verbalmente una comisión de medio millón si su plusvalía era de al menos de 39 millones. Así fue y por eso le pagó, coincidieron.

Olivas accedió al encargo, según dijo, porque, además, podía ayudar a Bancaja, de la que era presidente, que también quería vender su parte, y a Iberdrola, de la que era consejero y que estaba interesada en tener un parque eólico en la Comunidad Valenciana. De hecho, cifró en algo más de un millón de euros el ahorro que tuvo Bancaja por no tener que contratar a un intermediario para ayudarle en la operación. «Defendía los intereses de Bancaja y del señor Cotino y también los de Iberdrola que quería tener un parque eólico», señaló Olivas, que insistió en que no existía ninguna incompatibilidad por no tener relación laboral ni con la caja de ahorros ni con la empresa energética.

UN INFORME CUESTIONADO

Olivas y su defensa sostuvieron, apoyados en cuatro correos electrónicos entre algunos de los participantes en la operación que, además de poner en contacto a todas las partes, su intervención fue decisiva para fijar el precio final. «No es un correo en el que me reportan, en él me dicen que es un punto de no retorno y que o intervengo o ya no da más de sí y gracias a mi intervención se cierra la operación», explicó ayer en el juicio.

Más problemas le trajo el informe técnico que entregó en su día a Hacienda para justificar su trabajo. Preguntado por el hecho de que lo firmara su mujer, que comparte con él la empresa de asesoría, pero es farmacéutica, se limitó a decir que fue «porque se lo ordené» y que lo hizo porque lo consideró «apropiado». Todo quedó aún más confuso cuando ella dijo que lo firmó en el 2013, cinco años después de su supuesta confección.