El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha afirmado hoy que informe de la Cámara de Cuentas sobre el plan de depuración confirma que era inviable, como él diagnosticó, pero se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Aragón no tendrá que devolver al Estado 117 millones.

"Yo estoy convencido de que no", ha remarcado Olona, quien ha querido dejar claro que no son cantidades "desaparecidas" y que se han invertido en obras relacionadas con el ciclo del agua, aunque no en depuradoras, y además toda la actuación se ha llevado a cabo en el marco de un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y por lo tanto "también tiene responsabilidad en el control de esas cantidades".

En declaraciones a los medios en los pasillo de las Cortes, Olona ha hecho hincapié en que el informe de la Cámara no hace sino ratificar la "inviabilidad del plan", tal y como él manifestó prácticamente al asumir su cargo, lo que le llevó a decidir la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA), que está en curso.

"Viene a ratificar y a confirmar que este diagnóstico y que las directrices que hemos ido adoptando son correctas", ha dicho Olona, quien ha valorado además que el informe va a permitir acelerar mucho más todo el proceso, que tiene componentes jurídicos con los que hay que ser "extremadamente cuidadoso" en defensa de los intereses generales.

Ha recordado que una vez tomó posesión, una de las primeras decisiones que adoptó fue suspender la licitación que estaba en marcha para la adjudicación de 90 millones de euros en concesiones para la construcción de depuradoras, y también el cumplimiento "a rajatabla" que no se llevarían a cabo depuradoras sobredimensionadas.