El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha desmentido "rotundamente" hoy el desmantelamiento del operativo forestal que denuncian los trabajadores de la empresa pública Sarga.

El consejero ha señalado en rueda de prensa que "no solo no se ha desmantelado el operativo forestal, sino que además este mes de diciembre hay 485 personas más de las que hubo el año pasado".

Actualmente, el operativo forestal está compuesto por 962 personas, de las cuales 544 están contratadas por la empresa pública Sarga y 418 corresponden a los medios propios del Gobierno de Aragón entre los que se encuentran técnicos, APNS y conductores, según ha señalado Olona.

Por su parte, el colectivo de bomberos forestales, que se ha concentrado hoy en las puertas del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ha considerado una "vergüenza" que Aragón haya pedido medios a las comunidades vecinas y al ejército (UME) para apagar los incendios acaecidos en los últimos días, "que no hacen otra cosa que retrasar el tiempo de actuación", según ha indicado el presidente de Intercentros, Javier Ciprés.

Desde Sarga reclaman al Gobierno de Aragón un contrato que, como bomberos forestales, les permita estar en prevención y extinción de incendios, aparte de desempeñar los trabajos selvícolas que les corresponden, ha explicado Ciprés.

Al respecto, Olona ha insistido en que el Gobierno de Aragón, a través de Sarga, "gestiona los medios que integran el operativo forestal atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia y seguridad, y no al de intereses de ningún colectivo profesional en particular".

El consejero ha explicado que "todos los trabajadores de Sarga pueden ser movilizados para un incendio si se considera necesario, puesto que quienes desarrollan trabajos selvícolas no han cambiado su categoría profesional" y que, para ello, "basta con una declaración de excepcionalidad".

Si el Gobierno de Aragón ha recurrido a los medios de otras comunidades o del UME ha sido porque "son medios públicos altamente especializados y su colaboración, que no se traduce en ningún pago, está justificada técnicamente", según ha dicho Olona.

Además, ha incidido en que, como Ejecutivo, están obligados "a hacer un uso racional del gasto público", por lo que mantener el dispositivo de extinción del verano durante todo el año supondría sobrecostes inadmisibles".

El consejero ha destacado que, por ejemplo, un helicóptero como el de Teruel o el de Ejea cuesta 5.000 euros al día, "lo que hace que su uso deba ajustarse a lo estrictamente necesario, que las comunidades colaboremos unas con otras en el uso de tales medios y que todas hagamos uso de los medios aéreos que pone a nuestra disposición el Mapama".

Respecto de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de Sarga, Olona ha señalado "que no han hecho más que mejorar, ya que el presupuesto ha aumentado un 50 por ciento con respecto al de 2015 lo que ha permitido, entre otras, mejorar las retribuciones, que se sitúan entre 1.629 euros y 1.960 euros brutos mensuales".