Los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos han calificado de "desastrosa" y "escandalosa" la gestión de las prestaciones de desempleo por parte del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), especialmente en los primeros años de la crisis, que han supuesto falta de control, cobros indebidos y deudas a las arcas públicas. Esta situación de fraude se muestra en dos informes del Tribunal de Cuentas que hoy ha presentado Ramón Álvarez de Miranda, presidente del órgano fiscalizador, en el Congreso de los Diputados.
Los calificativos de la oposición no son nuevos. Tienen al menos dos años de antigüedad, los mismos que los informes del Tribunal de Cuentas que dan cuenta de una situación de hace unos años, en concreto entre el 2012 y 2013, los años más crudos de la crisis en los que la destrucción de empleo llevó a una tasa de paro del 25%.
En esos años los expedientes pendientes de tramitación en el FOGASA (organismo que se encarga del pago de salarios de empresas en quiebra) se dispararon en un 295% y el plazo medio de tramitación llegó a ser de 201,5 días (en el 2013). En algunas provincias, como Barcelona, el retraso aún era mayor y llegó a los 395 días.
Sobrecoste del 1.000%
Ante esta acumulación el FOGASA subcontrató el servicio con una empresa pública, Tragsa, ajena por completo a la administración de prestaciones sociales. Se dedica a los trabajos agrícolas, ganaderos y la protección del medio rural. El tribunal dice claramente en su informe que "no debió realizarse esta encomienda de gestión" y subraya el sobrecoste para el erario púbico. El coste medio por expediente tramitados por el FOGASA por el pago a funcionarios por instruir expedientes fuera de su horario laboral fue de 1,85 euros. Con Tragsa se pagó a 21,78 euros por expediente, el 1.077% más.
El Tribunal de Cuentas también detalla las irregularidades en el SEPE. La falta de personal, entre otras cosas, impidió que el servicio estatal que gestiona las prestaciones por desempleo no recibiera información de algunas delegaciones provinciales sobre posibles duplicidades en el cobro de salarios de trabajadores despedidos.
Constata, por ejemplo, que hasta el 2009 había una deuda, prescrita cuando se hizo público el informe, de 81,6 millones de euros. Esta deuda tendría como origen el no haber recuperado el dinero de prestaciones sobradas indebidamente por el trabajador. También se constata una deuda de responsabilidad empresarial de casi 1.221 millones de euros "que las direcciones provinciales (del SEPE) habían dado de baja por tratarse de créditos incobrables", dice el informe.
Años de retraso
Estos son algunos de los datos que ha dejado la fiscalización del tribunal que han tardado casi dos años en ser presentados en el Congreso de los Diputados aunque en su momento se hicieron públicos. El Tribunal recomendaba al Gobierno aumentar los medios técnicos y humanos para paliar esta situación, instaba a centralizar una única fuente de datos para la gestión y control de las prestaciones por desempleo y a unificar las aplicaciones informáticas pues como ha explicado hoy Álvarez de Miranda, hay organismos públicos (SEPE, FOGASA e Instituto Social de la Marina) que no pueden cruzar sus datos por incompatibilidad entre los sistemas informáticos.
La oposición ha criticado esta "gestión desastrosa" y la falta de coordinación entre los organismos públicos. También se ha pedido al Gobierno que refuerce la lucha contra el fraude fiscal que es una vía más eficaz y que aporta mayores ingresos por ser de mayor cuantía.
Álvarez de Miranda se ha mostrado partidario de aumentar la cuantía de las multas coercitivas a quienes no colaboren en la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
