Los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos consideran «desastrosa» y «escandalosa» la gestión de las prestaciones de desempleo por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) durante los primeros años de la crisis a raíz de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que ayer presentó su presidente Ramón Álvarez de Miranda en el Congreso de los Diputados.
Estos informes, entregados con dos años de retraso, se refieren a las cuentas aún más antiguas, hasta el 2013 y suponen una radiografía de los servicios que tramitan la prestación a los desempleados en los años con mayor destrucción de empleo y una tasa de paro del 25%.
En esos años los expedientes pendientes de tramitación en el FOGASA (organismo que paga los salarios de empresas en quiebra) se dispararon el 295% y el plazo medio de tramitación llegó a ser de 201,5 días.
Ante esta acumulación el Fogasa subcontrató el servicio con una empresa pública, Tragsa, dedicada a los trabajos agrícolas, ganaderos y la protección del medio rural. El tribunal dice claramente en su informe que «no debió realizarse esta encomienda de gestión» por falta de experiencia y sobrecoste. El Fogasa pagaba 1,85 euros por expediente a los funcionafios que los instruían fuera de su horario laboral. A Tragsa se pagó a 21,78 euros por expediente, el 1,077% más.
El tribunal constata que la falta de personal, entre otras cosas, impidió que el SEPE recibiera información de algunas delegaciones provinciales sobre posibles duplicidades en el cobro de salarios de trabajadores despedidos. Además, señala que hasta el 2009 había una deuda, prescrita cuando se hizo el informe, de 81,6 millones de euros. Esta deuda tendría como origen el no haber recuperado el dinero de prestaciones cobradas indebidamente por el trabajador. También consta otra deuda empresarial de casi 1.221 millones de euros.
