Las organizaciones agrarias de la comunidad UAGA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón exigieron ayer la puesta en marcha "inmediata" de la retirada de la fruta pactada para paliar la crisis producida por el veto ruso a la entrada en el país de melocotones, nectarinas y paraguayos, para lo que instaron a la Consejería de Agricultura de la DGA y al ministerio del ramo que "negocien urgentemente" con la Comisión Europea los términos de la medida. Además, reiteraron su intención de continuar con las movilizaciones porque "o se aplican soluciones esta semana o ya no servirán de nada".

Estas organizaciones de productores aragonesas estiman que el reglamento de Bruselas publicado ayer al respecto es "una tomadura de pelo" y que "la distribución gratuita de estos productos es imposible porque los centros benéficos están ya saturados, así como la industria fabricante de zumos y cremogenados". Aunque reconocieron haber recibido las ayudas europeas "con satisfacción", las consideran "insuficientes". En este sentido, añadieron que la fruta "no puede aguantar más tiempo en centrales ni en el campo", y que la crisis está afectando muy negativamente al resto de productos hortofrutícolas, así como a la contratación de personal, ya que se trata del sector agroalimentario que más puestos de trabajo genera anualmente en Aragón (unos 15.000 empleos).

El consejero de Agricultura, Modesto Lobón, envió ayer una carta al comisario Dacian Ciolos para trasladarle las propuestas aragonesas sobre la fruta. Estas recogen un incremento del porcentaje de retirada hasta el 30%; que la financiación de las actuaciones debe correr a cargo al 100% de los fondos de crisis de la nueva Política Agraria Común (PAC), y no de los de la Organización Mundial del Comercio (OMC) del sector; y que el precio de retirada, con independencia del destino, debe ser de 26,9 euros por cada 100 kilos. Lobón se reunirá hoy con la Junta del Canal de Aragón y Cataluña.

Por otra parte, la Comisión Europea está preparando "activamente" la posibilidad de pedir consultas con Rusia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para contestar a su veto, como primer paso antes de denunciar un caso y lograr un acuerdo de forma amistosa.