El futuro outlet de Pikolín, Torre Village, en los suelos de la factoría en la carretera de Logroño de Zaragoza es un proyecto declarado de interés autonómico desde el 13 de diciembre del 2016. Una decisión que aprobó el Gobierno de Aragón por la puerta de atrás, sin darle publicidad y sin hacer ningún pronunciamiento expreso a favor o en contra. En definitiva, por silencio administrativo afirmativo y sin que se haya publicado (al menos no consta) en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
Su declaración podría ser una cuestión menor si no fuera por lo inusual de aprobarlo así y sobre todo tras los pronunciamientos que públicamente han realizado, en numerosas ocasiones, tanto el presidente aragonés, Javier Lambán, como la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, la competente de avalar una solicitud que la promotora, Iberebro, metió en registro el 14 de septiembre del 2016.
En esos momentos, se encontraba encallado en el Ayuntamiento de Zaragoza el plan especial que daba vía libre a la transformación de la factoría en un macroespacio comercial. Un trámite que salió adelante el 24 de octubre del 2016 con los votos del PP, Ciudadanos (C’s) y el PSOE, el mismo que gobierna la DGA y que urgía, en boca del propio Lambán, no bloquear este proyecto.
Tras este tortuoso peregrinaje por el consistorio, con el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) manifiestamente en contra, ¿por qué no pronunciarse en la consejería antes de elevarlo al Consejo de Gobierno? Según fuentes oficiales del Ejecutivo, «porque el proyecto ya se había desbloqueado en el ayuntamiento y su tramitación seguía su curso con normalidad». Es decir, ya no le hacía falta a Iberebro. Así que solo dejaron transcurrir los 3 meses que exige el procedimiento y «la falta de resolución expresa supone entender estimada la solicitud». Una declaración que, como principal ventaja, le permite reducir «a la mitad» los plazos en su tramitación. ¿Ha hecho uso? No consta, 10 meses después.
En paralelo, la promotora solicitó una licencia de derribo que no tuvo problemas en obtener para iniciar la demolición de las naves en mayo, con la consejera Gastón como estrella invitada por el dueño de la empresa, Alfonso Soláns. Pese a que también en paralelo este presentaba un contencioso contra el consistorio porque se niega a pagar los cerca de 3 millones de euros que el ayuntamiento le reclamaba, y que se incluyó en la aprobación del plan especial, por los aprovechamientos adicionales que le otorgaba pasar al uso terciario.
Por último, la decisión de la DGA también arroja dudas sobre CHA. Votó en contra del plan especial en el consistorio pero formaba parte de un Gobierno autonómico que se posicionaba a favor. Y al final sale adelante la aprobación del interés por la puerta de atrás. ¿Qué opina realmente Chunta? ¿Ha tenido algo que ver en este silencio?
