La oenegé Oxfam Intermón entregó ayer más de 180.000 firmas en el Congreso para pedir una ley contra la evasión y elusión fiscal con la que acabar con los paraísos fiscales, en los que se calcula que los Estados pierden 190.000 millones de dólares anuales de tributación. El responsable de Fiscalidad y Sector Privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba, denunció estas prácticas que afectan «gravemente» a los principales mecanismos de reducción de la desigualdad e indicó que las políticas actuales para combatirlas son «insuficientes».
Oxfam Intermón, respaldada por los 183.235 firmantes, ha pedido al Congreso que la normativa española incluya una «definición exigente» de qué es un paraíso fiscal, reconozca los territorios que lo son y se planteen medidas sancionadoras. Estas castigarían tanto a los países considerados como paraísos fiscales, como a las empresas e individuos que hacen uso de ellos y a los mediadores que facilitan que terceros se aprovechen de ese tipo de «artimañas», indicó Alba. El representante de la oenegé también abogó por defender el papel de los informadores, para que no estén amenazados ni puedan sufrir represalias.
Antes de la entrega de firmas, la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forma parte Oxfam Intermón junto con otras 17 asociaciones, organizó unas jornadas en el Congreso para tratar la evasión fiscal en el Día de acción global contra los paraísos fiscales, que conmemora que se cumple un año desde la publicación de los Papeles de Panamá.
Al acto acudieron los representantes de la Comisión de Hacienda de los cuatro grandes partidos: Juan Bravo (PP), Julián López-Milla (PSOE), Alberto Garzón (Unidos Podemos) y Francisco de la Torre (Ciudadanos).
En relación este asunto, el Partido Popular reconoció que no ve posible que la nueva ley de contratos del sector público, derivada de la trasposición de directivas europeas, incluya cláusulas para penalizar a empresas vinculadas con la evasión fiscal y con paraísos fiscales, como viene reclamando la oposición.
