Llegar a un acuerdo sobre qué propuestas presentar al Gobierno para revisar el sistema público de pensiones va a ser una de las tareas más importantes que emprendan los portavoces de los grupos parlamentarios de la comisión del Pacto de Toledo desde 1995. El 6 de abril de ese año, el pleno del Congreso aprobó las primeras 15 recomendaciones al Ejecutivo, que era del PSOE, para «garantizar la viabilidad del sistema público y evitar mayores déficits». Entonces sonaron las alarmas porque desde hacía dos años el presupuesto de la Seguridad Social registraba «crecientes déficits», como señala el preámbulo de los acuerdos.

Quedaron en revisar las recomendaciones cada cinco años. Y en eso están los que podrían ser los hijos de aquellos ponentes, entre los que estaban políticos de amplia experiencia como el socialista Joaquín Almunia y el popular Cristóbal Montoro, además de la actual presidenta de la comisión, la diputada del PP Celia Villalobos.

La ponencia se puso en marcha en febrero de 1994 con la aprobación de una proposición no de ley de CiU y tardaron un año en llegar al pacto con un método de trabajo que ahora se intenta repetir. Primero, las comparecencias de los expertos, que abre el ministro del turno. A diferencia de ahora, eran a puerta cerrada. Después, el estudio de informes técnicos tras los que cada grupo elaboraba sus propuestas. Con todo este material, se reunieron en el parador de Toledo (de ahí el nombre) durante varios días y alumbraron un texto de consenso.

Sin crisis ni tanta pobreza

La correlación de fuerzas entre los partidos ayudó al acuerdo: el Gobierno necesitaba un balón de oxígeno y la oposición, una palanca. En las elecciones de dos años antes, el PSOE aventajó al PP en apenas cuatro puntos y un millón de votos.

En el preámbulo de la propuesta se decía que la Seguridad Social es el «eje central de las políticas de bienestar social dirigidas a mantener y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, y que contribuyen de forma esencial a evitar la aparición de situaciones de necesidad y marginación». Y entonces no había una crisis como la actual ni el nivel de pobreza que han dejado los recortes.

Hoy en día, Villalobos intenta poner orden en una comisión que en ocasiones se ha convertido en el cuadrilátero en el que PSOE y PP se reprochan las nefastas consecuencias de sus reformas de pensiones, del 2011 y del 2013. La peor parte se la lleva esta última, aprobada sin consenso por primera vez en 22 años.

«Intentaré amalgamar», explica Villalobos. Según el plan de trabajo, hasta mediados de marzo continuarán las comparecencias de los expertos. Después los portavoces estudiaran qué recomendaciones se han cumplido y cuáles no, se echará mano de los funcionarios de la Seguridad Social para saber el coste de alguna propuestas, se seguirá la evolución de las reuniones entre el Ministerio de Empleo y los agentes sociales y se volverán a reunir en el parador de Toledo para tratar de redactar un documento suscrito por todos los grupos. La previsión es que el dictamen de la comisión se pueda presentar a finales de mayo para que sea votado en el pleno de la Cámara baja a mediados del próximo junio.

Esta es la línea roja tras la que se va a parapetar la oposición en el Congreso y los sindicatos en la calle. Solo el PP (Ciudadanos no se ha pronunciado) respalda su reforma. Pero ya no tiene mayoría absoluta y se hará necesaria la transacción.

Principal escollo

El consenso se ve muy lejos. El principal escollo es la reforma vigente del PP, que sigue contando con el rechazo pleno de todos los partidos y sindicatos y un buen número de expertos. Y de la reforma la peor parte se la llevan el factor de revalorización y el de sostenibilidad (este entrará en vigor en el 2019), dos complejas y especialmente farragosas fórmulas matemáticas que limitan la subida al 0,25% y recortan la cuantía de la pensión.